La pesca consolida el abismo del 'brexit'

El dirigente comunitario enunció ante el Parlamento Europeo áreas en las que se se ha llegado a un entendimiento sobre la cooperación futura: comercio libre de bienes sin aranceles ni cuotas y con mecanismos de competencia justa, compartir el acceso a instituciones y bases de datos que facilitan el trabajo de las fuerzas de seguridad, un nuevo sistema de extradición, acceso recíproco a concursos públicos…

Pero el principio de que nada se da por acordado hasta que todo es acordado rige esta negociación y la batalla entre los nueve Estados miembros con intereses en la pesca y las organizaciones de empresas pesqueras británicas podría desembocar en la ruptura de la negociación, y en la anulación de las 800 páginas que ya tiene el documento del Tratado y las 1.000 que sumarían los documentos anexos.

La dinámica de esta «hora decisiva», según Barnier, parece conducir a regateos en los que una cesión sobre pesca repercute en otras áreas. Desde la perspectiva de la UE la negativa de Reino Unido a permitir un acceso amplio de las empresas pesqueras comunitarias lleva a restringir también el acceso de la pesca británica al mercado europeo. Londres habría planteado la consideración de los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación de la UE como subsidios a efectos de la competencia justa.

En Reino Unido se asegura que Bruselas se está equivocando, creyendo que Boris Johnson no sacrificará el comercio con el mercado común por una proporción de la pesca, que en su conjunto representa menos del 0,13 de la economía británica y en torno al 0,1% del empleo. Estaría dispuesto a marcharse sin acuerdo, causando una pérdida estimada en 2% del PIB nacional en 2021, unos 45.000 millones de euros.

Lo haría por la fidelidad a la idea de soberanía y porque el sentimiento euroescéptico ha tenido durante décadas a la pesca como el ejemplo más visible de la injusticia europea. La victoriosa demanda de empresas gallegas contra una ley que les expropiaba de sus licencias adquiridas por la compra de empresas de Reino Unido para faenar con aguas británicas, se extendió desde 1989 a 2000 y estableció por primera vez que el Tribunal Europeo de Justicia tenía supremacía sobre el Parlamento británico.

La alarma por la premura e incertidumbre en la que se van a producir cambios en las reglas ha llevado a la mayor organización empresarial, la Confederación de la Industria Británica (CBI), a publicar un documento con 48 propuestas a la UE y a su Gobierno. Piden, entre otras medidas, la continuidad de sistemas de reconocimiento de mercancías o en el movimiento de empleados, la introducción de controles aduaneros más relajados durante los primeros seis meses… para no dañar «la recuperación económica» tras el impacto de la pandemia.