Nueva Caledonia decide este domingo si se separa de Francia

Son 174.154 los electores convocados a las urnas para pronunciarse sobre el destino de uno de los 17 territorios no descolonizados existentes aún en el mundo según los criterios de Naciones Unidas. El 46% de este censo específico para el referéndum está formado por la comunidad kanaka autóctona, que representa el 39% de los 267.767 habitantes de la población total frente a un 27% de europeos.

La mayoría de los partidarios de romper amarras con una metrópoli distante 16.740 kilómetros se agrupa en el Frente de Liberación Nacional Kanako y Socialista (FLNKS). El proyecto de esta coalición secesionista, que llama a «concluir un combate que dura desde hace 164 años», se orienta a una independencia bajo la forma de un Estado asociado a Francia. El Partido Laborista, facción más radical y minoritaria, preconiza «una no participación masiva» para boicotear una consulta que juzga demasiado abierta a los no aborígenes.

Los lealistas a París esgrimen como principal argumento el riesgo de perder los 1.300 millones anuales procedentes del Estado central, equivalente al 15% del Producto Interior Bruto del archipiélago. Tras el sector público la segunda fuente de ingresos es la explotación del níquel, metal fundamental en la fabricación de productos electrónicos del que el subsuelo caledonio conserva la cuarta parte de las reservas mundiales.

«El sistema social local es un paraíso comparado a los países de la región, donde la esperanza de vida es diez años más baja», alega la propaganda unionista. Además, enarbola el atractivo del pasaporte europeo y profetiza que el nuevo Estado caería pronto en las garras de China, en plena expansión de su influencia política y económica en el Pacífico.

Según los sondeos, entre el 63% y el 75% del electorado votará en contra de la independencia aunque un 15% todavía dudaba en vísperas del escrutinio. En todo caso, sea cual fuere el resultado, el pueblo kanako conservará el derecho a la autodeterminación reconocido por las leyes internacionales.

El referéndum es consecuencia de la aplicación de los acuerdos de Numea sellados en 1998, consolidación a su vez de los acuerdos de Matignon alcanzados diez años antes entre París y el territorio polinesio. Este pacto de 1988, auspiciado por el entonces primer ministro socialista Michel Rocard, puso término a los enfrentamientos que causaron más de 80 muertos en los años 80 y bordearon la guerra civil. El punto culminante de la crisis fue el asalto en mayo de 1988 de la cueva de Ouvea, donde activistas independentistas tenían secuestrados a 23 gendarmes, que se saldó con la muerte de 19 kanakos y dos militares franceses.

En caso de victoria del 'no', los acuerdos de Numea prevén que un tercio de los miembros del Congreso caledonio pueda pedir un segundo referéndum dentro de dos años e incluso un tercero un par de años después si la respuesta es de nuevo negativa. La Cámara insular tiene 54 escaños de los que 25 están ocupados por los independentistas, antes de las elecciones provinciales de mayo de 2019. El texto de 1998 se limita a señalar que, si hay tres noes, las partes se reunirán para examinar la situación así creada.

Si triunfa hoy el 'sí', Nueva Caledonia se transformaría en un Estado de pleno derecho denominado Kanaky. Al cabo de un período transitorio, recuperaría las competencias exclusivas ejercidas por la metrópoli: defensa, justicia, policía, asuntos exteriores y moneda. En la actualidad el territorio goza de una amplia autonomía resultante de la transferencia progresiva de numerosas competencias en educación, comercio exterior, derecho civil, seguridad y otras materias de impacto en la vida diaria.