Londres da a sus topos del MI5 licencia para delinquir

El propósito de esta breve ley es, en principio, dar claridad a la gestión de agentes infiltrados por el Servicio de Seguridad, conocido como MI5. En diciembre, una sentencia por mayoría del Tribunal de Poderes de Investigación (TPI) dio la razón al servicio secreto sobre la legalidad de esos agentes, pero dejaba flancos abiertos que el Gobierno ha querido cerrar ahora con esta nueva ley.

Hay numerosos casos en Irlanda del Norte donde se sospecha que agentes infiltrados en el IRA cometieron múltiples crímenes, mientras que topos incrustados en grupos lealistas dieron información a los pistoleros sobre objetivos deseados por las fuerzas de seguridad o los ejecutaron ellos mismos. Por ejemplo, el caso del abogado republicano Pat Finucane sigue siendo investigado desde hace 23 años.

Ben Jaffey, que actuó en nombre de la Fundación Finucane y de las asociaciones británicas que presentaron la querella conjunta ante el tribunal referido, reconoció en las deliberaciones -según afirma la sentencia- que su posición respecto a que los agentes del Estado no pueden cometer actos ilegales llevaría a la conclusión de que no debe infiltrar agentes en organizaciones que son ilegales para obtener información.

Es, según la sentencia, «una de las cuestiones más profundas que puede encarar una sociedad democrática gobernada por el imperio de la ley». Lo es también, aunque sin profundidad, en las ficciones de James Bond. Así, 'M' le quita la «licencia para matar» cuando, en la película con ese título, 007 prefiere vengar a un amigo de la perfidia del narcotraficante Sánchez a cumplir la misión que le pide su jefe.

Pero, ¿buscan todos los entes de esta ley licencia para matar sin consecuencias legales? No, pero las directivas del Servicio de Seguridad fueron secretas hasta 1952 y, tanto entonces como en informes y directivas posteriores, los detalles en la gestión de los agentes infiltrados se han quedado en páginas anexas o en párrafos directamente tachados. También el TPI publicó dos sentencias, una pública y otra confidencial.

Hasta 1989 no había una ley que reconociera la existencia del MI5. La lectura de la evolución legal y de los casos sugiere que, aunque sabedores de que ninguna ley les da inmunidad legal, el personal del servicio secreto hacía lo que quería explicando después a policías o fiscales que habían descubierto una fechoría y que el interés público desaconsejaba una investigación.

El primer ministro David Cameron publicó dos directivas sobre cómo debía actuar el Servicio, pero mantuvo en secreto la tercera sobre agentes infiltrados quebrando la ley, por «el riesgo para la seguridad nacional si se conoce en público«. Su sucesora, Theresa May, publicó que había emitido su tercera directiva, en concreto sobre »la revisión de la aplicación de la guía para el uso de agentes que participan en delitos«.

Las organizaciones no gubernamentales presentaron entonces su querella ante el TPI. Mientras tanto, la Policía de Londres ralentiza la investigación sobre sus agentes secretos- que tuvieron hijos con mujeres de las organizaciones donde se infiltraron, alentaron actos ilegales, penetraron en sindicatos,. El ministro James Brokenshire afirma que el límite para todo ello es la Ley de Derechos Humanos, pero David Davies, ex ministro del 'brexit', le advirtió que podría llevar su nueva norma ante los tribunales.