Un laberinto retorcido para llegar a una meta incierta

En la capital comunitaria hay disposición a favorecer que la salida formal de Reino Unido no se produzca en la fecha prevista, el próximo 29 de marzo. Y después de dos años de negociaciones, es un mal menor un puñado de meses más. Tres exactamente, hasta la primera semana de julio. Ese sería el tiempo que Bruselas podría asumir sin muchas complicaciones legales para encauzar los acuerdos del 'brexit'. Porque hasta esa fecha no se producirá en la Eurocámara el primer pleno tras las elecciones que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo.

Para que el calendario se estire, el Ejecutivo de Downing Street debe solicitar formalmente una extensión del Artículo 50 (el marco legal que regula este proceso de escisión) y el resto de socios dar su visto bueno por unanimidad. Las consecuencias de un 'brexit' sin acuerdo (que se han llevado el calificativo de 'catastróficas' a ambos lados del Canal de la Mancha) garantizan el 'ok' del club comunitario.

Países como Holanda temen un desplome del 1,2% de su PIB por un 'brexit' abrupto, en torno a 10.000 millones de euros de pérdidas, según cifras oficiales. Un 'brexit' sin arreglo, según algunos analistas, abriría un agujero de 16.500 millones de euros en el presupuesto de la UE desde el 29 de marzo, que tendría que ser compensado por otros socios con aportaciones adicionales. Y eso echa para atrás. Que se lo pregunten a Alemania. Y eso en la economía 'macro'. A pie de calle, Londres tiene pavor a sufrir problemas de abastecimiento, por ejemplo, o enfrentarse a un colapso en las comunicaciones. Hace apenas una semana ensayó el previsible atasco de camiones entre Dover y Calais. Los controles simulados evidenciaron que se puede crear en ese punto una congestión de hasta 27 kilómetros.

El nuevo margen temporal hasta julio daría para negociar con el actual Gobierno británico e incluso, en una primera fase, también con uno nuevo salido de unas hipotéticas elecciones anticipadas. May, que ganó en diciembre una moción de confianza presentada por los suyos (200 votos a favor frente a 117 en contra), ya no puede ser tumbada por el propio Partido Conservador en lo que resta de año. El líder laborista Jeremy Corbyn está a la expectativa de cuántos apoyos sumará en la moción de censura que se debate hoy. No tiene la mayoría en la Cámara y los diez diputados unionistas norirlandeses del DUP -claves para mantener a los tories en el poder- no se han mostrado dispuestos hasta ahora a dejarle pasar.

Se antoja poco probable que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 accedan a modificar las claves del Acuerdo de Retirada. Europa insiste en que no quiere activar el 'backstop', la solución que evitaría una frontera física en Irlanda, la fórmula que más irrita en Westminster. La Comisión Europea y el Consejo Europeo se han comprometido a pisar el acelerador para lograr un acuerdo comercial privilegiado con Londres que evite esa salvaguarda -presentada como opción 'extrema' si no hay pacto a futuro a partir de enero de 2021-. Incluso existe la posibilidad de que el período de transición pueda estirarse hasta diciembre de 2022.

Los resquicios que se dejan hoy son «arreglos alternativos» que reemplacen esa posibilidad mediante la incorporación de sistemas tecnológicos (métodos de control de flujo de mercancías no intrusivos que requerirán miles de millones de inversión) para no alterar los equilibrios entre Irlanda y la provincia de Ulster. Pero tampoco es descartable que, precipitada la amenaza de un 'brexit' abrupto, se aceptasen modificaciones en el propio acuerdo de retirada y, lo más probable, en la declaración política sobre la relación futura que lo acompaña.

Y con esa misma amenaza de divorcio caótico, el Parlamento británico también puede verse forzado a dar un paso que hoy ni conservadores ni laboristas respaldan plenamente: la convocatoria de un segundo referéndum. Entre estos últimos sí hay un importante núcleo que pide una nueva consulta. Legalmente sería factible, pero se cuestiona su legitimidad democrática.