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paula rosas
París
Miércoles, 15 de enero 2020, 15:10
Ségolène Royal, antigua candidata a la Presidencia francesa y exministra de Ecología, está siendo investigada por la Fiscalía Nacional Financiera gala por un posible desvío de fondos públicos. En el punto de mira está el uso que ha hecho del dinero puesto a su disposición ... como 'embajadora de los polos', el cargo que actualmente ocupa, aunque ya por poco tiempo. Este miércoles, la socialista desveló que el gobierno planea despedirla y daba a entender que las causas eran sus recientes críticas a la gestión del Ejecutivo.
Una investigación de 'France Info' el pasado noviembre había revelado que Royal dedicaba gran parte de su tiempo, así como del trabajo de los empleados de su gabinete como embajadora, a la promoción de sus actividades personales, entre ellas su fundación ecologista y su último libro. La Fiscalía que se encarga de los delitos económicos quiere ahora investigar si los 100.000 euros que los ministerios de Exteriores y Transición Ecológica ponen a disposición de su cargo y el trabajo de los tres empleados que también paga el Estado han sido bien utilizados.
La exministra ha reaccionado con un «Nada nuevo» en su cuenta de Twitter, en la que ha asegurado que ofrecerá «todas las explicaciones» más adelante en Facebook. Fue precisamente a través de esta red social como dio a conocer este miércoles que su cargo se encuentra ya en la recta final. «No tengo la intención de renunciar a mi libertad de opinión y de expresión garantizada por la Constitución», señalaba en una publicación.
Royal ha tenido diversos desencuentros con el gobierno de Emmanuel Macron prácticamente desde que este la nombrara como 'embajadora de los polos', una de las 21 embajadas temáticas francesas, que se encarga de las negociaciones internacionales sobre el Ártico y el Antártico. La socialista ya había recibido varias advertencias, pero las críticas de las últimas semanas a la reforma de las pensiones que quiere sacar adelante el ejecutivo y que ha desatado una movilización social que ya dura 42 días, han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del gobierno.
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