¿Y si al final de la crisis de Covid-19 sirviese para apuntalar el proyecto europeo?

En 2020, tras una serie de indecisiones y desencuentros, puede que Europa esté a punto de vivir su momento Hamilton. Este 27 de mayo, la Comisión Europea (CE) presentó un ambicioso plan de recuperación para hacer frente a las secuelas económicas de la pandemia.

La novedad está en cómo se repartirán los fondos: no serán solo préstamos, la mayoría se otorgarán en forma de subsidios. Con todo, la cantidad propuesta sigue siendo insuficiente para resolver la magnitud de la crisis económica.

Además, la oposición de algunos países podría reducir la cuantía o impedir que los países más golpeados por la crisis del coronavirus recibieran los montos acordados.

Son muchos los detalles que quedan por concretar, pero, si se aprueba, este podría ser un gran paso hacia la necesaria unión fiscal y un importante avance en la integración europea.

La propuesta de la Comisión se enmarca dentro del presupuesto comunitario establecido para el marco financiero plurianual de 2021-2027, e incorpora tanto las ideas del eje franco-alemán (subsidios no sujetos a reformas) como las del grupo de los países frugales: Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia (préstamos sujetos a condicionalidad).

Entre otros aspectos, la CE apuesta por una transición verde y digital, un nuevo programa de salud para hacer frente a futuras crisis sanitarias y un refuerzo en la flexibilidad de sus presupuestos y de las herramientas de emergencia para los próximos ocho años.

En total, el borrador presentado dispone de un montante de 1,85 billones de euros.

De ellos, 750.000 millones corresponden al programa «Nueva Generación de la UE», un nuevo instrumento, dedicado exclusivamente a paliar los efectos generados por la pandemia con medidas de inversión pública y reformas estructurales a implementar entre 2021 y 2024.

Si se aprueba, el programa se financiará a través de bonos, emitidos directamente por la Comisión.

Dos tercios de los 0,75 billones serán subsidios concedidos a los países miembros en función del impacto que ha tenido el coronavirus en cada uno.

Italia y España serían las naciones más beneficiadas, con 81 807 y 77 324 millones de euros respectivamente, solamente en forma de transferencias.

El tercio restante se otorgará mediante préstamos y estará sujeto a una serie de reformas económicas que se tendrán que realizar en un plazo determinado.

Al plan de recuperación cabría sumarle las medidas adoptadas por el Banco Europeo de Inversiones (que se acercan a los 200 000 millones), el fondo de ayudas al desempleo (SURE) y el MEDE (en total, casi 540 000 millones de euros).

Sin duda, estas medidas son un gran paso para mutualizar la carga de la deuda y sientan las bases necesarias para lograr la tan ansiada unión fiscal europea. No obstante, la cantidad propuesta es escasa, dada la magnitud de la crisis.

Las previsiones económicas apuntan a que el PIB de las economías europeas podría contraerse entre un 10 y un 20 por ciento este año. Sin embargo, los fondos destinados a subvenciones representan en torno a un 4 por ciento del PIB de la UE, repartidos entre varios años.

Nos encontramos en un contexto de agotamiento de la política monetaria convencional (tipos de interés situados en su mínimo efectivo) y de extenuación de la política monetaria no convencional.

Además, existe un endeudamiento público excesivamente elevado en algunas economías periféricas, que deja poco margen para aplicar políticas fiscales adicionales en los estados miembros más afectados por la pandemia. Por último, nos enfrentamos a una caída de las tasas de actividad y ocupación históricas.

Todo eso hace necesaria la aplicación de medidas más heterodoxas, que permitan una estrecha coordinación entre la política monetaria y fiscal, como podría ser la del helicóptero monetario.

En un reciente artículo de investigación, hemos planteado una ambiciosa propuesta para la coordinación monetaria y fiscal de la Eurozona, que proveería los fondos necesarios para hacer frente a la reconstrucción económica.

Esta fórmula se pondría en práctica de manera absolutamente única y excepcional debido a la magnitud de la crisis.

Su aplicación permitiría financiar proyectos de inversión mediante la creación de dinero nuevo por parte de la autoridad monetaria, para que las autoridades fiscales pudiesen impulsar la recuperación económica.

Según nuestra propuesta, el Banco Central Europeo (BCE) y el grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) participarían en la recuperación en fases sucesivas:

1.- El BCE decide, de forma independiente, la cantidad de dinero de nueva creación a emitir, buscando el equilibrio que evite el aumento descontrolado de los precios y el riesgo de inflación. Su independencia no se vería comprometida.

2.- El grupo del BEI emite bonos por la cantidad prefijada por el BCE durante un número determinado y preestablecido de veces. Dichos bonos serían adquiridos por el Banco Central Europeo en el mercado secundario, con el compromiso de mantenerlos en su balance de forma indefinida. No obstante, y para no comprometer su política monetaria futura, podría condicionar este compromiso a la consecución de determinados objetivos.

3.-El BEI destinaría los fondos a proyectos dirigidos al cumplimiento de sus tres objetivos principales:

1) Impulsar el potencial de crecimiento y empleo de la UE.

2) Apoyar medidas que mitiguen el cambio climático y potencien la transformación digital.

3) Fomentar las políticas de la UE en otros países.

Los proyectos (elegidos por el Consejo de Gobernadores del BEI), podrían estar vinculados a las necesidades actuales: la mejora de la capacidad sanitaria, la inversión en investigación, la financiación del Pacto Verde Europeo…

Con la participación del BEI disminuirían los riesgos vinculados a la financiación directa de los déficits por parte del BCE. Además, que sea este organismo el encargado de acometer el gasto, y no los gobiernos nacionales, serviría de cortafuegos ante potenciales riesgos de pérdida de independencia del Banco Central Europeo.

Este diseño presenta varias ventajas:

1.- Estos proyectos financiados por el BCE suponen un gasto real, que impulsaría la demanda en unas economías deprimidas tras la emergencia sanitaria. Esta forma de expansión monetaria dejaría de lado el canal tradicional de transmisión de la política monetaria, a través de la curva de tipos de interés, para producir un impacto directo sobre la demanda, el crecimiento económico y la inflación.

2.- La monetización de estos bonos limitaría el crecimiento de los déficits públicos nacionales, la deuda pública, las tensiones en los mercados, los posibles deterioros en las primas de riesgo, los riesgos de una potencial nueva crisis de deuda soberana y/o de medidas de austeridad en un contexto de estancamiento económico.

3.- Si estas medidas tuviesen un impacto real en la demanda, el crecimiento económico daría lugar a una reducción de las ratios de deuda pública/PIB.

4.- El impacto sobre el crecimiento podría ser mayor que el de la propia política fiscal, dado que limita los efectos de la equivalencia ricardiana y el efecto expulsión de la inversión privada.

La participación coordinada de BCE y BEI también permitiría revertir fácilmente esta propuesta en caso de que el Banco Central Europeo necesitase, en el futuro, ajustar la política monetaria ante riesgos de inflación, ya fuese paralizando el programa de compra o vendiendo los bonos adquiridos si el programa ya hubiese finalizado.

Consideramos que esta propuesta es compatible con el complicado entramado legal de la UEM, sin necesidad de modificaciones, acuerdos políticos, ni cambios en los tratados.

Ante circunstancias excepcionales, la respuesta también debería ser excepcional. Los responsables europeos deben elegir entre incurrir en un elevado coste humano y económico por no intervenir o por tomar medidas tímidas, o realizar una apuesta fiscal decidida, aun a riesgo de tener que soportar una inflación superior no deseada en el futuro. En situaciones como la actual, pensamos que merece la pena correr ese riesgo.

Artículo publicado en 'The Cnversation'.