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Madrid
Jueves, 8 de julio 2021, 22:13
Viktor Orban está cerca de costar 7.000 millones de euros a los húngaros. Estaba en el guión que el pleno del Parlamento Europeo expresara este jueves su «firme condena» de la controvertida ley magiar que discrimina y estigmatiza al colectivo LGTBIQ en el marco ... de una norma contra la pederastia y la protección del menor. Sin embargo, la Eurocámara fue más allá de lo previsto tras las últimas declaraciones del primer ministro de Budapest, Viktor Orban, que horas ante prometió que no cedería a la presión de la UE para derogar la normativa que vincula la homosexualidad con la pedofilia y prohíbe hablar de ella en las escuelas y en los medios de comunicación.
Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los legisladores comunitarios, que reclamaron no destinar fondos europeos a proyectos que violan los derechos fundamentales. La mayoría de la Cámara ve en la ley antiLGTBIQ húngara «un ejemplo intencionado y premeditado más del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales», según el texto adoptado en Estrasburgo.
La resolución no vinculante salió adelante con una amplia mayoría de 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones. El grupo de Conservadores y Reformistas, incluido Vox, y los ultraderechistas de Identidad y Democracia (ID) se negaron a respaldarla, mientras que el Partido Popular español se abstuvo en bloque, a excepción de Esteban González Pons, quien sí la apoyó, como la gran mayoría del Partido Popular Europeo.
El documento de la Eurocámara alerta de que las acciones patrocinadas por el Estado húngaro contra el colectivo LGTBIQ y otras campañas de desinformación no son un hecho aislado, sino que se han convertido en herramientas habituales para imponer «censura política» en el país.
Es más, los representantes parlamentarios de los Veintisiete temen que esta sucesión de «violaciones de los Derechos Humanos» forme parte de una agenda política más amplia con la que Orban busca el «desmantelamiento de la democracia y del Estado de Derecho», por lo que debería considerarse una «violación sistemática» de los valores de la UE.
Por ello, quienes suscribieron el acuerdo reclamaron al Ejecutivo de Bruselas que vete el acceso de Hungría a los fondos de recuperación por la pandemia, de los que les corresponden en torno a 7.000 millones de euros, hasta que se constate que no vayan a «contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales» en el país. También pidieron a los Estados miembros que lleven el caso ante el Tribunal si la Comisión no actúa y plantearon la presentación de una demanda interestatal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El documento contempla la alarma ante prácticas como la modificación de la Constitución para especificar que «la madre es una mujer y el padre es un hombre» o la prohibición de facto del reconocimiento jurídico del género para las personas transgénero e intersexuales.
No obstante, Orban, en el poder desde 2010 y con unas elecciones desafiantes el próximo año, no pareció intimidado. Cada vez más radical, en su opinión, el Parlamento Europeo y la Comisión quieren que se permita «que las organizaciones y activistas LGBTIQ entren en los jardines de infancia y las escuelas. Hungría no quiere eso», dijo en su página oficial de Facebook. «Aquí los burócratas de Bruselas no tienen nada que hacer. No importa lo que hagan. El tema es de soberanía nacional», agregó.
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