La Eurocámara blinda el derecho a veto de España sobre Gibraltar

La Eurocámara «apoya las directrices negociadoras que señalan que Gibraltar no estará incluido en el alcance territorial de los acuerdos que se concluyan entre la UE y el Reino Unido, y que cualquier acuerdo por separado requerirá el acuerdo previo del Reino de España». El mismo principio que se recoge en el gran Acuerdo de Retirada de 2018, pero también (con redacción casi calcada) en el documento de 33 folios que el negociador francés desveló hace una semana y que va a servir de base para las discusiones con el Gobierno de Boris Johnson sobre la relación futura, que deberían iniciarse después de que ese documento (el mandato, en el argot comunitario) supere el día 25 el último trámite: el 'ok' de los Estados miembros.

España deberá estar «involucrada» y «dar su acuerdo a todos los elementos en un acuerdo específico sobre Gibraltar», añade la resolución de la Eurocámara. El refuerzo a un socio (frente a un tercer Estado) lógico, que comenzó a fraguarse ya en abril del pasado año cuando una normativa comunitaria, la que exime de visado a los ciudadanos de Reino Unido tras el 'Brexit', identificaba por primera vez al territorio como como «colonia» de la Corona Británica. Europa se colocaba por primera vez del lado de España en una disputa de tres siglos sobre la soberanía del Peñón.

La cuestión es que esa negociación bilateral aún no ha comenzado; Londres tiene otras prioridades con la UE; a Bruselas el contencioso de Gibraltar no le supone «un problema». Y España cuenta con las mejores bazas para ganar la partida, incluida la del tiempo. Así que el rol más débil lo tendrá el Gobierno de Fabian Picardo, que se enfrentaría al riesgo de aislamiento. La confianza es que esa bilateral España-Reino Unido diera resultados antes del 31 de diciembre, antes de que venza el actual periodo transitorio.

Pero no es seguro. Como tampoco que se pueda cerrar el gran pacto sobre la relación futura. Diez meses es un tiempo muy ajustado para poner el sello al vínculo especial que se persigue con los británicos. Y el propio Parlamento Europeo así lo entiende al asegurar en su resolución que ese periodo «no refleja la complejidad de las negociaciones» y eleva los riesgos «de un abismo en ciertas áreas donde las medidas de contingencia o el marco regulatorio internacional pueden no ser suficientes para evitar una disrupción severa».