77 parlamentarios británicos reclaman prioridad al caso sueco contra Assange

Los 77 miembros del Parlamento británico piden también al ministro que «aclare los pasos que se dieron para asegurar que los fiscales suecos fueran informados con antelación de la decisión» de arrestarlo en la Embajada de Ecuador, el pasado miércoles, una vez que las gestiones diplomáticas entre Londres y Quito habían fructificado para que la Policía entrase en el recinto de la misión ecuatoriana.

En su carta los parlamentarios subrayan que no están presuponiendo la culpabilidad de Assange del delito de violación por el que era investigado, pero señalan la gravedad del caso. Si la Fiscalía sueca reactiva la orden europea, el Ministerio de Interior tendrá que decidir si tiene prioridad con respecto a la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los abogados de una de las presuntas víctimas de violación -que los jueces británicos homologaron como delito con la misma figura también en Reino Unido, tras analizar la descripción de los hechos por la fiscal Marianne Ny- han solicitado la reactivación de la orden europea y la decisión de las autoridades suecas se espera en los próximos días.

Ny abandonó las diligencias en 2017 tras llegar a la conclusión de que no obtendría la presencia física de Assange en Suecia, tras su gestiones con la Embajada de Ecuador en Londres. La comparecencia física del acusado es un paso procesal imprescindible para cerrar la fase de instrucción. Pero la situación procesal del caso no ha sido aún aclarada.

En Quito, un ciudadano sueco, Oli Bini, de 36 años, que ha residido cinco años en el país latinoamericano, ha ingresado en la cárcel a la espera de más trámites judiciales, tras su detención el miércoles en el aeropuerto, donde iba a embarcarse en un vuelo con destino a Tokio. Las autoridades le habrían requisado 'equipamiento electrónico' y múltiples tarjetas de crédito.

Bini visitó una docena de veces a Assange en la Embajada, según la ministra de Interior, María Paula Romo. Medios ecuatorianos afirman que el Gobierno cree que colaboraba con Assange y con el excanciller, Ricardo Patiño, para 'hackear' ordenadores y teléfonos del Gobierno, incluidos los del presidente, Lenín Moreno, que ha denunciado la publicación en internet de documentos privados y fotos y vídeos familiares. Bini ha reconocido ser amigo de Assange, pero ha negado ser miembro de Wikileaks.

El otro frente abierto en el caso Assange, que en su primer paso judicial tendrá que comparecer en un tribunal de Londres para ser condenado por la quiebra de las condiciones de su libertad provisional, cuando se refugió en la Embajada ecuatoriana para evitar su extradición a Suecia, es la posible ampliación de las acusaciones de la Fiscalía General del distrito de Virginia Este.

Su petición de extradición se fundamenta en una acusación -conspiración para cometer delitos informáticos- que con una pena máxima de cinco años ofrece un cauce estrecho al procesamiento, al no mencionar la publicación de documentos confidenciales del Estado. Pero expertos consultados por la agencia Reuters creen que es posible añadir nuevas acusaciones tras la extradición.

En procesos de extradición basados en la Convención Europea, y también en la posterior Orden Europea de Arresto y Entrega, un extraditado solo puede ser procesado por los delitos por los que fue enviado por el país receptor de la Orden. Es lo que ocurre habitualmente en extradiciones de Reino Unido a Estados Unidos, pero los expertos cren que el convenio entre los dos países no excluye añadir nuevos cargos.