La dimisión en diferido del primer ministro no calma a los malteses

Ante un hemiciclo medio vacío por la marcha de los miembros de la oposición, que exigen la dimisión inmediata del jefe del Ejecutivo, Muscat hizo un llamamiento a favor de la unidad nacional y trató de darle la vuelta al escándalo que ha sacudido esta pequeña isla situada en el centro del Mediterráneo durante las últimas dos semanas. «Este caso muestra que en Malta las instituciones funcionan y que nadie está por encima de la ley», aseguró, explicando que su dimisión no se hará efectiva hasta el 12 de enero por dar el tiempo necesario a su formación política, el Partido Laborista (centroizquierda), para que elija a un nuevo líder.

Pese a los continuos intentos de Muscat por mostrarse ajeno al asesinato de Caruana Galizia, los miles de malteses de diversas ideologías que llevan días manifestándose no parecen creerse que no supiera nada del homicidio. El jefe de Gabinete de Muscat y el ministro de Turismo hasta la semana pasada, cuando presentaron su dimisión, estarían implicados en el crimen.

Ambos habrían recibido sobornos millonarios a cambio de conceder contratos públicos al empresario Yorgen Fenech, uno de los más ricos del país y que está acusado de idear el asesinato de la informadora para evitar que siguiera indagando sobre esta red de corrupción. Fenech habría encargado que la mataran a tres sicarios a los que pagó 150.000 euros por medio de un intermediario, que tras ser detenido acabó desvelando toda la trama a cambio de que el primer ministro le garantizara el indulto hace dos semanas.

Los familiares de Caruana Galizia no tienen dudas de que Muscat estuvo implicado en el asesinato, por lo que presentaron ayer una demanda ante la Justicia solicitando que se le investigue y se le aparte del caso abierto para esclarecer el crimen. La Unión Europea, que sigue con preocupación lo que ocurre en el país, envió ayer a un grupo de eurodiputados a La Valeta para recoger información de primera mano sobre cómo está tratando de esclarecerse el homicidio y cerciorarse de que en la isla se respeta el Estado de Derecho. La delegación está formada por siete eurodiputados de distintas familias políticas.