El coronavirus pone a prueba a las instituciones europeas

Hoy, los europeos nos enfrentamos a una pandemia sin precedentes en nuestra historia reciente. Sin duda, la prioridad a corto plazo pasa por proteger la salud de los ciudadanos, tomando las medidas que sean necesarias. Obligatoriamente, esta crisis sanitaria desembocará en una crisis económica con una intensidad todavía difícil de prever y muy ligada a la evolución del virus.

La crisis de 2008 y esta de 2020 no tienen orígenes comparables pero sí rasgos en común, y la Unión Europea deberá demostrar que ha aprendido de los errores del pasado para recuperar la confianza perdida de sus ciudadanos y garantizar su propia supervivencia.

Hace 12 años, la crisis financiera global provocó la crisis de la deuda soberana europea y una acusada caída en la demanda agregada. Ahora, las economías europeas están sufriendo las consecuencias de una pandemia, y cómo evolucione esta marcará la intensidad de la ralentización económica que se espera.

Para contener los contagios y evitar el colapso de sus sistemas de salud, Italia, España y Francia han impuesto a sus ciudadanos un confinamiento que, en muchos casos, ha llevado a la paralización temporal de la producción, que implicará una inevitable caída en las rentas de familias y empresas. Hay consenso entre los economistas (ver aquí o aquí) sobre la necesidad de tomar medidas de expansión fiscal, que ayuden a los agentes más vulnerables mientras duren las medidas extraordinarias.

Esta expansión fiscal es necesaria para incrementar los recursos del sistema público de salud, para garantizar las rentas de los individuos que puedan perder el empleo, para conceder una moratoria de impuestos a familias y empresas afectadas, para dotar de facilidades de crédito a las empresas y que puedan hacer frente a sus pagos en un contexto de bajos ingresos…

En definitiva, hace falta un gasto público extraordinario, que provea liquidez al sector privado, para evitar el sufrimiento innecesario de las familias y el cierre de empresas solventes en un contexto extraordinario.

Además, la intervención del sector público para garantizar estas rentas, favorecerá el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo impuestas para detener la expansión del SARS-CoV-2 y minimizar su impacto económico a medio y largo plazo.

En un contexto de tipos de interés muy bajos, esta expansión fiscal es necesaria y deseable y el aumento del gasto no debería suponer un coste fiscal demasiado alto.

No obstante, muchas economías europeas tienen una ratio deuda pública/PIB muy alta. En este caso, el aumento del déficit, junto a una elevada deuda, podría provocar el miedo de los inversores, una subida de la prima de riesgo y nuevos problemas de sostenibilidad de la deuda en una especie de profecía auto-cumplida. Sin embargo, evitar ese riesgo es posible y, en una unión económica y monetaria europea, esa misión corresponde a sus instituciones, muy especialmente al Banco Central Europeo (BCE).

Si las instituciones europeas quieren sobrevivir al COVID-19 y demostrar que verdaderamente están comprometidas en un proyecto común, se deben coordinar acciones decisivas en al menos tres ámbitos de actuación: el mercado común y los sistemas fiscal y monetario respectivamente.

En materia comercial, la UE vivió al principio de esta crisis uno de los momentos más bochornosos e insolidarios desde su creación, cuando Alemania y Francia prohibieron la exportación de mascarillas y material sanitario en el momento en que Italia más los necesitaba.

El sentido de un mercado común es que, de acuerdo con la ventaja comparativa de David Ricardo, cada país se especializa en aquello que produce de forma más eficiente a cambio de poder intercambiar lo que necesite del resto de productores cuando lo considere oportuno. Restringir la venta de productos a tus socios en momentos de urgencia es barrer de un plumazo la esencia del mercado único. Episodios de este tipo no deberían repetirse si la UE de verdad se cree sus propios tratados.

En materia fiscal ha habido más palabras que hechos. Las medidas tomadas por el Eurogrupo en su última reunión, vía telefónica para evitar contagios y de seis horas de duración, fueron decepcionantes.

Lo más destacable del acuerdo es que se destinarán 37.000 millones de euros a la lucha contra la pandemia; que el Banco Europeo de Inversiones dispondrá de 10.000 millones para prestar a las pymes, y que habrá 28.000 millones para fondos estructurales. Una cantidades muy pequeñas teniendo en cuenta que solo Italia ha aprobado un plan de 25.000 millones para hacer frente a su delicada situación, la promesa de Alemania de ofrecer una cantidad ilimitada de recursos a sus empresas afectadas o el plan del presidente Sanchez para España que pretende movilizar 200.000 millones (aproximadamente el 20% del PIB español) entre recursos públicos y privados de los que 100.000 millones se concretarán en un plan de avales para garantizar la liquidez de las empresas.

Más interesante es, sin embargo, la flexibilidad fiscal que permite el Eurogrupo para que sean los propios Estados miembros los que acometan el gasto. No obstante, vuelve a mostrarse reticente a cualquier forma de mutualización del riesgo a través de Eurobonos u otras propuestas , más acordes con la legislación actual de la UE.

En cualquier caso, todas las medidas fiscales adoptadas o propuestas deberán contar en última instancia con la cooperación del BCE en el caso de que el miedo se apodere del mercado.

En materia monetaria, el BCE ha dejado una de cal y otra de arena en su última intervención.

Entre la batería de medidas tomadas, la más destacable es que por primera vez los bancos pueden financiarse a través del programa TLTRO a una tasa 25pb por debajo del tipo de facilidad de depósito. En otras palabras, por primera vez, bajo ciertas condiciones, los bancos comerciales podrán solicitar reservas pagando un tipo de interés inferior al que reciben por mantener esas reservas en el depósito del BCE.

Como explica el economista jefe del BCE, Philip Lane, esto supone una innovación que crea los incentivos necesarios para reducir los costes de financiación en la economía sin la necesidad de rebajas adicionales en los tipos oficiales.

Por el contrario, Christine Lagarde cometió un desliz al afirmar «we are not here to close spreads». Es decir, que no es misión del BCE mantener estable el diferencial del rendimiento de los bonos entre los países de la Eurozona, justo lo contrario que hizo su predecesor, Mario Draghi, para salvaguardar la moneda única con el famoso «whatever it takes» en los momentos más duros de la crisis del euro. Aunque rápidamente el BCE se retractó de su error y su presidenta ha pedido perdón por el comentario desafortunado, este mensaje ha calado en los mercados generando dudas acerca de las actuaciones futuras del BCE, y las primas de riesgo de los países más afectados por la pandemia, como Italia y España, empiezan a repuntar.

Aunque el BCE no tiene a su disposición la máquina del tiempo de George Wells, debería enmendar su error formalmente, comprometerse con el «whatever it takes» y actuar como prestamista de última instancia en el caso de ser necesario. Esto se podría hacer, por ejemplo, comprando deuda pública de los países con mayores problemas en el mercado secundario a través del programa de compra de activos.

Esta vez no existe el pretexto del riesgo moral y los socios europeos no pueden achacar los déficit a la irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos. Se trata de una pandemia global, de evitar una recesión más profunda, y no hay excusas para mirar hacia otro lado mientras algunos países se vuelven insolventes y el euro se desintegra en el camino.

Si esto no fuese suficiente, el BCE podría adoptar medidas más heterodoxas como el helicóptero monetario. En su diseño más sencillo, el BCE podría financiar directamente mediante transferencias el gasto acometido por los países miembros y evitar así el aumento de la deuda.

En definitiva, en el contexto actual de crisis sanitaria, con unos tipos de interés excepcionalmente bajos, unas expectativas de inflación por debajo del objetivo y en los albores de una recesión de magnitud desconocida, las instituciones europeas no pueden ser tibias en sus decisiones, más aún teniendo margen para acometer las medidas excepcionales que se requieren.

Aunque con las normales dudas de enfrentarse a lo desconocido, entre los economistas la necesidad de actuación proactiva es unánime. Ahora queda que los mandatarios europeos tomen nota y no repitan los errores del pasado.

En sus aciertos está nuestra suerte y la propia supervivencia de las instituciones europeas.

Este artículo ha sido publicado en The Conversation.