El Constitucional francés respalda la exigencia del certificado covid

El fallo del alto tribunal en favor del uso del certificado covid no solo se limitará a la hostelería. También será requerido dicho documento para hacer uso de trenes de larga distancia y vuelos domésticos, en establecimientos de salud para recibir atención médica no urgente y en las visitas a familiares ingresados en residencias de ancianos. No obstante, vetó la posibilidad de despedir de trabajos temporales a las personas que no dispongan de este justificante.

El Constitucional también dio luz verde a la propuesta de Macron para que sea obligatoria la vacunación en el caso del personal sanitario, así como para otros profesionales que interactúan con colectivos vulnerables, como bomberos o trabajadores de residencias. A todos ellos se les dará de margen hasta el 15 de septiembre para comenzar la inmunización y hasta el 15 de octubre para completarla. Si para entonces no lo han hecho, podrán ser suspendidos de empleo y sueldo hasta que se inyecten el suero.

A pesar de que esta medida como el certificado covid han sido duramente cuestionados en el Parlamento y suscitan desde hace tres semanas masivas protestas en todo el país, el máximo órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Magna ha considerado que dichas estrategias suponen una «conciliación equilibrada» entre libertades públicas y protección de la salud.

Para incitar a la población a vacunarse, las autoridades francesas ya impusieron desde el 21 de julio el certificado sanitario para poder ingresar a cualquier establecimiento de ocio o deportivo donde se concentren más de 50 personas. La iniciativa adquirirá desde el lunes un mayor alcance sobre una población, en la que más de la mitad de los habitantes –el 54%– ya está totalmente vacunada. Faltan por recibir la pauta completa los menores de 12 a 17 años, a quienes no se le exigirá presentar dicho certificado hasta el 30 de septiembre.

Este fin de semana se han convocado nuevas protestas en Francia, las cuales han ido creciendo en número y ya la última jornada reunieron a más de 200.000 personas. Los manifestantes acusan al Gobierno de querer imponer «una dictadura sanitaria». El Ejecutivo desoye dichas acusaciones y ayer aplaudió la decisión «de los sabios», como definió el primer ministro, Jean Castex, a los miembros del Constitucional.

El uso del certificado sanitario ha generado también polémica en países como España, donde sindicatos de hostelería han denunciado la iniciativa ante los tribunales, que en algunos casos se han posicionado a su favor. Ha habido igualmente protestas en Italia, Reino Unido y Chipre por las medidas anticovid.