La comisión que investiga el derrumbe en Génova aconseja demoler el puente

Spena mantuvo una reunión en la ciudad italiana con miembros del Gobierno italiano y con los técnicos de esta comisión, dirigida por el arquitecto Roberto Ferrazza. La necesidad de tirar los restos del puente ha sido defendida en los últimos días por el presidente de la región de Liguria, Giovanni Toti, que ha urgido al Ejecutivo, formado por el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga, a actuar «lo antes posible».

Para Toti, es esencial comenzar con estas labores para «garantizar la seguridad en el área» de mayor riesgo, que ha sido desalojada y donde no trabajan los equipos que retiran los escombros, y al mismo tiempo para acelerar la reconstrucción.

El pasado 14 de agosto, un tramo del puente Mornadi se vino abajo y causó 43 muertos. Desde entonces los equipos de emergencia limpian la zona y el espacio considerado zona cero ha sido desalojado para prevenir posibles derrumbes de las estructuras que aún se mantienen. El puente fue construido encima de edificios residenciales y cerca de 600 vecinos han tenido que ser desalojados.

Las autoridades locales han reubicado ya en casas temporales a una veintena de personas y prevén hacer lo mismo con el resto en los próximos meses. La Fiscalía de Génova ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro y el Ministerio de Infraestructuras ha constituido una comisión que lleva a cabo una investigación paralela.

El Gobierno acusa a la concesionaria Autostrade per l'Italia, filial de Atlantia, de ser la responsable por no realizar los controles de mantenimiento necesarios, después de que se conociera que la empresa estaba asentando el pavimento y que ingenieros y expertos habían advertido en el pasado sobre el estado del puente.

Autostrade ha anunciado que movilizará un fondo de 500 millones de euros para reconstruir el viaducto en ocho meses y ha suspendido el cobro del peaje en las autopistas que gestiona en esta ciudad italiana. La compañía recibió el 19 de agosto una carta del Ministerio de Infraestructuras en la que se le concedía un plazo de 15 días para presentar alegaciones y ofrecer explicaciones sobre su actuación previa al siniestro.