Claves del acuerdo del 'Brexit' que Europa no está dispuesta a renegociar

Los apoyos -que debían materializarse hoy- no sumaban y la misma pregunta sigue en el aire: «¿Y ahora qué?». En este clima de falta de entendimiento político, la crispación aumenta en las calles: las que cada vez más ruidosas movilizaciones de la ultraderecha exigiendo un Brexit inmediato conviven con los que aún confían en la celebración de un segundo referéndum. Y todo ello avivado con la decisión de la Justicia que permite a Reino Unido frenar unilateralmente el Brexit.

Mientras, la Unión Europea aprieta y ve como éste asunto volverá a ser el protagonista de la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará los próximos 13 y 14 de diciembre en vez de los programados en la agenda: reforma del euro, inmigración y el nuevo presupuesto. Sobre la mesa siguen las mismas 585 páginas que recogen al detalle los plazos y condiciones de salida así como el marco en el que se producirán las futuras relaciones entre Reino Unido y los países miembros.

La fecha de salida del Reino Unido está fijada para el viernes 29 de marzo de 2019. No obstante, ésta solo aplicaría en lo referente a la toma de decisiones en el seno de las instituciones de la Unión Europea puesto que la fase de transición se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante este tiempo los británicos seguirán formando parte del mercado común y seguirán estando sujetos a la normativa comunitaria. Este periodo se podría prorrogar -sin límite establecido- si las partes así lo deciden antes del 1 de junio de 2020 y como consencuencia de una falta de acuerdo en la futura relación comercial.

Las estimaciones cifran en 67.000 millones el montante de la factura que pagarán los británicos por su salida, incluidas las pensiones y los programas de la Unión Europea de los que participan y están actualmente en vigor. Además, Reino Unido seguirá obligado a contribuir con 7.000 millones de euros anuales a las cuentas comunitarias hasta que se apruebe el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea, el correspondiente al periodo 2021-2027.

No se establecerá una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Las partes asumen el mantenimiento de la libre circulación de mercancías entre sendos territorios pudiendo acogerse a la prórroga prevista en el acuerdo y que habría que notificarse antes del 1 de julio de 2020.

Este ha sido uno de los puntos críticos en la negociación sobre el Brexit y uno de los que ha tumbado la votación. Según los acuerdos de Paz de Viernes Santo (1998) nunca se establecería una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Es decir, ni hay ni habría controles tanto en la circulación de personas como en la venta de bienes o servicios. El presente acuerdo deja en el aire ese 'statu quo' Reino Unido no quiere frontera. La Unión Europea tampoco. Tras idas, venidas y muchos quebraderos de cabeza se ha impuesto la fórmula de los negociadores comunitarios: el establecimiento de un 'backstop', es decir, el mantenimiento -con muchos matices y cláusulas- de Irlanda del Norte dentro de la Unión Aduanera aunque los británicos se queden fuera.

En línea con el punto anterior (y la extensión de los plazos previstos), el borrador incluye dos cláusulas: de 'respaldo' y de 'no regresión'. La primera garantiza el mantenimiento de un territorio aduanero único, sin aranceles ni cuotas; la segunda impide al gobierno británico la introducción de estándares diferentes en materia laboral, ambiental o de seguridad. El acuerdo dice textualmente: «La finalidad es que el Reino Unido armonice su política comercial interior con la política comercial común en toda la Unión Europea». Dicho de otra forma, cualquier país con desee acceder al mercado británico deberá basar su relación en los mismo acuerdos que mantiene éste con la UE.

Cualquier ciudadano europeo que resida en Reino Unido tendrá garantizados sus derechos si se encuentran allí antes del 29 de marzo de 2019 o bien se instala durante el periodo de transición. No solo mantendrán sus condiciones de sanitarias, de trabajo o residencia sino que podrá denunciar cualquier trato discriminatorio. Asimismo, el borrador del acuerdo especifica que los ciudadanos de la Unión Europea que han vivido en Reino Unido durante al menos cinco años tendrán derecho a permanecer permanentemente junto a sus familiares.

Esta libertad de movimiento también es aplicable en sentido inverso, es decir, para los ciudadanos birtánicos que estén viviendo o trabajando en cualquiera de los otros 27 estados miembros.

Aunque Londres es una de las capitales financieras del mundo, el texto pasa de puntillas sobre este asunto. Se limita a recordar una obviedad: las entidades establecidas en Reino Unido se considerarán localizadas fuera de la UE. Y continúa recordando que, mediante 'claúsula de equivalencia', las empresas del centro financiero londinense tendrán el mismo nivel de acceso que el que otorga la Unión Europea a, por ejemplo, las compañías japonesas.

Reino Unido dejó claro desde el primer momento que establecería un 'estado costero independiente' aunque podrá acudir a las reuniones en la UE para ofrecer su punto de vista. Éste es uno de los puntos que afecta más directamente a España y que está relacionada con el estatus de Gibraltar. El texto establece que se creará un comité entre ambos países -Reino Unido y España- para regular este sector.

Una vez finalizado el periodo de transición se iniciará una nueva etapa que estará guiada por un comité encargado de tomar las decisiones, por consenso y vinculantes. Las posibles disputas serán resueltas por los cinco miembros que integrarán una comisión de arbitraje.

A vueltas con las leyes, los defensores del Brexit desean recuperar el control absoluto sobre ellas. A pesar de la firmeza mostrada, cualquier colisión entre las normativas británica y de la UE, deberá resolverse por el Tribunal de Justicia Europeo. Esto afectaría tanto a las relaciones de mercado único como aquellos en las que está involucrado el Reino Unido en tanto en cuanto siga adherido a agencias específicas de la UE.

La cooperación policial y de los servicios de inteligencia se mantendrá intacta «en los puntos que técnica y legalmente sean posibles», dice el acuerdo. Las partes se comprometen a mantener los intercambios de información.

A vueltas con su validez jurídica o no, el acuerdo sobre el Brexit se completa con una declaración política. En ella se pueden encontrar las clásicas figuras retóricas («el compromiso de mantener una asociación ambiciosa y flexible a través de la cooperación en política exterior, seguridad y defensa») y la capacidad de veto de España sobre cualquier futuro acuerdo entre la Unión Europea y Gibraltar.