Desafío de Johnson a la UE con un cambio radical para el 'brexit'

El líder conservador, Boris Johnson, confía en que la UE acepte su propuesta y negocie en la fase de transición mecanismos nuevos de control en origen para asegurarse de que el movimiento de bienes entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte y entre esta región y el sur de Irlanda cumpla con las regulaciones del mercado común, y también para la recaudación de impuestos y tasas aduaneras.

A la complejidad de la propuesta, que obligaría a la UE a aceptar, en nombre de las características especiales de la isla de Irlanda, mecanismos únicos en sus operaciones, Londres añade la exigencia de que la Asamblea autonómica norirlandesa, que no se ha reunido desde hace casi cuatro años, tenga el poder de aceptar el nuevo esquema y de revisarlo cada cuatro años, con la opción de abandonarlo.

El desafío consiste en plantear a la UE la aceptación de la propuesta, con las modificaciones que puedan consensuarse en una negociación 'rápida', según la carta de Johnson al presidente del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, o que sea la Unión Europea la que tenga que establecer controles fronterizos en Irlanda, porque el Gobierno británico se marcharía sin acuerdo. Esta opción tendría su mayor impacto negativo en la economía de Irlanda.

Johnson ofreció un sumario de la propuesta en su discurso de clausura de la conferencia anual que los conservadores han celebrado en Mánchester. En sus palabras se presentó como un 'tory' moderado y liberal como contrapeso a la senda radical de las semanas precedentes, pero quedaron difuminadas por la publicación de su carta a Juncker y de un documento explicativo de siete páginas.

Expertos británicos en política comercial que colaboraron con el Gobierno de Theresa May, como Raoul Ruparel, o partidarios de la permanencia, como el profesor de la Universidad de Liverpool, Michael Dougan, han expresado escepticismo sobre la viabilidad de la propuesta como base técnica para un acuerdo, por demandar a la UE la adopción de cambios en los mecanismos fronterizos del mercado común.

La propuesta cumple la exigencia de Johnson de abandonar la llamada salvaguardia irlandesa adoptada por Theresa May en el Acuerdo de Retirada pactado en noviembre de 2018 y rechazado por el Parlamento tres veces. En aquel acuerdo se contemplaba la permanencia del conjunto de Reino Unido en la unión aduanera y de Irlanda del Norte también en el mercado común.

El nuevo plan británico mantiene a Irlanda del Norte en el marco regulatorio del mercado común para productos agroalimentarios y todos los bienes, pero la región formaría parte del territorio aduanero de Reino Unido. Exigiría controles mediante registros y seguimientos informáticos de los bienes con origen en Gran Bretaña y destino en Irlanda del Norte, así como entre la provincia y el sur.

El líder del grupo parlamentario del Partido Unionista Democrático (DUP), Nigel Dodds, que desempeñó un papel esencial en el mantenimiento de una mayoría del Gobierno de May y en el rechazo de su Acuerdo de Retirada, expresó a este periódico que su partido «está satisfecho con la propuesta del primer ministro» y que lo esencial es el poder de las instituciones autonómicas para consentir o rechazar el nuevo esquema.

La reacción de Sinn Féin, socio del DUP en las instituciones autonómicas hasta su colapso, fue tajante. Su vicepresidenta, la norirlandesa Michelle O'Neill, calificó la propuesta de inaceptable: «El Gobierno británico ofrece un marco regulatorio común para toda Irlanda, pero hace que dependa del consentimiento de la Asamblea, dando de hecho un veto al DUP».

La asociación empresarial, Manufacturing NI, que agrupa a empresas industriales, fue igualmente tajante, calificando la propuesta de «peor que una marcha sin acuerdo». Además de crear aranceles en el movimiento de bienes de norte a sur, por su condición de diferentes espacios aduaneros, señala entre otros efectos negativos a la gran carga burocrática que tendrían que acometer pequeñas y medianas empresas.

La complejidad de la propuesta, aunque Londres incluye en su documentación un texto legal que no se ha publicado y que permitiría una negociación detallada, y su presentación dos semanas antes de la reunión del Consejo Europeo plantean un reto a los negociadores para que completen un acuerdo antes del 19 de octubre, y eviten que el Parlamento de Londres imponga a Johnson la solicitud de una extensión del plazo del 'brexit', con consecuencias ahora imprevisibles.