Amenaza de tormenta política en torno a la detención de Julian Assange

La oposición del Partido Laborista podría tener consecuencias en la situación de Assange si gana unas elecciones generales en los próximos meses, porque el convenio de extradición entre Reino Unido y Estados Unidos -a diferencia de la Orden Europea de Detención y Entrega- deja la última palabra para la ejecución del envío en los gobiernos nacionales y no en los jueces.

Assange fue detenido en la mañana del jueves en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres, tras recibir las autoridades británicas un documento que daba permiso a la policía para entrar en la legación diplomática, una vez que el Gobierno de Quito le había retirado la condición de asilado político tras casi siete años de permanencia en el interior del complejo.

En círculos legales británicos ha sorprendido que en los preparativos para ejecutar el arresto de Assange ni el Foreign Office, que ha mantenido un largo diálogo con la diplomacia ecuatoriana para poner fin a la situación, ni el Ministerio de Interior, que tiene parte de la responsabilidad de Scotland Yard y administra partes de las diligencias de una orden europea, no hubiesen informado a las autoridades suecas.

La razón por la que Assange se refugió en la embajada, el 19 de junio de 2012, fue que cinco días antes el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales rechazó su último recurso a las sucesivas sentencias que en tribunales de rango inferior habían aceptado la ejecución de una orden europea de detención y entrega dictada por una fiscal sueca, con varios cargos por delitos sexuales. Todos han prescrito salvo el de violación, que expiraría en 2020.

Pero las autoridades suecas renunciaron en 2017 a más diligencias, porque no podían lograr la presencia física de Assange para formularle los cargos, en el cierre de la fase de investigación. La fiscal responsable del caso, Marianne Ny, habría «revocado la orden europea de arresto», según afirmó la BBC en ese momento, pero en la misma noticia Ny era citada afirmando que si Assange «regresase» a Suecia antes de la prescripción, podría reanudarse la investigación.

Conociendo esas circunstancias, hubiese sido lógico que alguien en Londres informara a sus colegas suecos sobre la inminente detención, de tal modo que pudiesen analizar si existen medios para activar la orden de inmediato. La víctima del supuesto delito de violación se enteró de la detención de Assange también por los medios y, contraria a su deportación a Estados Unidos, quiere ver el cierre de su caso.

Pero nadie en la administración británica creyó oportuno contactar con la Fiscalía en el origen del caso y, sin embargo, Scotland Yard presentó a Assange tras su arresto la demanda de extradición iniciada en la sede del Abogado General del distrito de Virginia Este y enviada a Londres por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sobre un delito con una pena máxima de cinco años. La deriva política del caso no ha hecho más que comenzar.

Tras la evidencia de que el ministro de Interior, Sajid Javid, no consideró oportuno informar a un socio europeo de las circunstancias que podían alterar la persecución de un caso de violación, su rival laborista, Diane Abbot, responsable de asuntos de Interior, afirma que «todo esto es sobre Wikileaks y toda la información bochornosa que se hizo pública sobre las actividades de los militares y los servicios de seguridad americanos».

Hillary Clinton, que fue víctima de Assange por su publicación de correos electrónicos que habrían sido extraídos de su ordenador por agentes de la Rusia de Vladímir Putin, ha expresado su convicción de que «es evidente por la acusación que no se trata de castigar al periodismo», sino que se le reclama por intentar penetrar ordenadores del Gobierno.

La petición del Departamento de Justicia describe el supuesto delito como una colaboración con la analista de inteligencia Chelsea Manning para lograr la contraseña que les permitiera entrar en una red confidencial del Gobierno de Estados Unidos, donde finalmente Manning habría obtenido la enorme cantidad de cables diplomáticos y de imágenes sobre aparentes crímenes de guerra de tropas americanas. El presidente, Donald Trump, que elogió a Wikileaks repetidas veces durante la campaña electoral, ha acuñado otra frase memorable: «Yo no sé nada sobre Wikileaks. No es el tipo de cosas que sigo». Theresa May no se ha pronunciado, pero era ministra de Interior cuando el Gobierno británico rechazó la extradición de un 'hacker' requerido por Estados Unidos.