La amenaza del puente Morandi obliga a desalojar a más de 600 personas en Génova

Toda la zona está en peligro ante el riesgo de nuevos derrumbes, que amenazan las tareas de rescate, mantenidas sin interrupción pese a las escasas esperanzas de encontrar a más supervivientes, según reconoció Luca Cari, portavoz de los Bomberos. Hay todavía una decena de desaparecidos. «No recibimos señales bajo los cascotes, pero continuamos trabajando para encontrar a más personas», explicó Cari, que advirtió del «constante peligro» con el que desarrollan su labor los rescatadores. «Hemos establecido un sistema de centinelas para dar de inmediato la alarma de fuga por si hubiera derrumbes de escombros o del puente».

El alcalde de Génova, Marco Buci, explicó a los propietarios de las viviendas situadas bajo el viaducto que tienen que hacerse a la idea de que nunca podrán volver a sus casas. «Cuidaremos a los desplazados, serán nuestra prioridad número uno», prometió. Hay 632 personas afectadas a las que Buci les aseguró que recibirán viviendas nuevas para que puedan recuperar una cierta normalidad lo antes posible. De momento están durmiendo en un polideportivo u hospedados con amigos y familiares.

Buci anunció un refuerzo en el sistema de transporte público, que en algunos casos será gratuito, para tratar de solventar el caos circulatorio provocado por el derrumbe del puente Morandi, que era un nudo vital en las comunicaciones de Génova y de toda su región, Liguria. El alcalde pidió además al Gobierno un plan específico de inversiones para asegurar las infraestructuras, evitar que se repita una tragedia similar y conseguir que lo sucedido con el viaducto no lastre el crecimiento de la ciudad.

No habían pasado aún 24 horas del desastre cuando las autoridades políticas y los responsables del mantenimiento del puente Morandi comenzaron a cruzarse acusaciones sobre quién tenía la culpa del derrumbe. Con la opinión pública conmocionada por la tragedia y deseosa de encontrar a un responsable, el Gobierno se apresuró en poner en la diana a Autostrade per l'Italia, la empresa encargada de la gestión y mantenimiento de la A-10, la autopista que transcurría por la infraestructura desplomada. Autostrade per l'Italia es una filial del coloso de los transportes Atlantia, cuyos dueños, la familia Benetton, célebre por su firma de ropa, se están ganando una montaña de insultos. Se ha llevado críticas hasta el fotógrafo Oliviero Toscani, famoso por sus campañas de publicidad para Benetton.

Antes de viajar a Génova para visitar la zona afectada y participar en un Consejo de Ministros extraordinario, Luigi di Maio y Matteo Salvini, los líderes de los partidos que sostienen al Gobierno (el Movimiento 5 Estrellas y la Liga), ya habían puesto en la picota a los responsables de Autostrade per l'Italia. Di Maio y Salvini anunciaron el deseo del Gobierno de revocar la concesión de la A-10 a esta empresa para que se haga cargo de ella un ente público. «Los responsables tienen nombre y apellido: Autostrade per l'Italia. Nos encontramos frente a uno de los más grandes concesionarios europeos que dice que ese puente era seguro. Son excusas. Debían haber hecho el mantenimiento pero no lo hicieron», denunció Di Maio en Radio Radicale, pidiendo la dimisión de los directivos de la empresa. «Es posible en un caso así retirar la concesión y hacer pagar una multa de hasta 150 millones de euros».

Tras el Consejo de Ministros, en el que se decidió la proclamación de una jornada de luto nacional, el 'premier' Giuseppe Conte anunció el inicio de los trámites para revocar la concesión sin esperar a que la Justicia aclare de quién es la culpa. La empresa se defendió diciendo que el puente Morandi había pasado los controles trimestrales pertinentes y que su seguridad había sido corroborada por prestigiosos institutos internacionales. También informó de que en los últimos cinco años ha invertido más de 1.000 millones de euros anuales en el mantenimiento de la red de carreteras bajo su gestión.

En un intento por tranquilizar a la opinión pública, el Gobierno, que decretó ayer el estado de emergencia en la zona del derrumbe, anunció la puesta en marcha de un ambicioso plan de inversiones en infraestructuras públicas por valor de 150.000 millones de euros. El ministro de Economía, Giovanni Tria, explicó que el Ejecutivo está trabajando para que pueda ser utilizado cuanto antes ese dinero que, aseguró, no supondrá un aumento del déficit. «Estas inversiones son una prioridad para el Gobierno», subrayó.