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efe
Martes, 26 de julio 2016, 20:27
La justicia francesa ha anunciado que se han abierto dos investigaciones diferentes sobre las acusaciones cruzadas entre el Ministerio francés de Interior y las autoridades locales de Niza en torno al dispositivo de seguridad que había cuando se cometió el atentado en esa última ciudad ... el pasado día 14, cuando un hombre irrumpió con un camión en el Paseo de los Ingleses causando la muerte de 84 personas y heridas a más de 300.
La Fiscalía de Niza ha confirmado que dirige una investigación preliminar para verificar las acusaciones de una policía municipal de Niza que dijo haber sufrido presiones del Ministerio del Interior para elaborar un informe sobre ese dispositivo policial. Se trata de determinar si se cometió un "abuso de autoridad" con la policía municipal Sandra Bertin cuando elaboró ese informe.
Bertin, directora del centro de control de vídeo-vigilancia de Niza, acusa a una comisaria de la Policía Nacional, que según su versión actuaba en nombre del gabinete del ministro de Interior, Bernard Cazeneuve, de haberle dado instrucciones sobre lo que tenía que escribir, y en particular sobre la presencia de agentes nacionales en el momento del atentado.
El alcalde de Niza, Philippe Pradal, y el Presidente de la metrópoli de la Costa Azul, Christian Estrosi, han formalizado su apoyo al procedimiento de Bertin con una nota al Ministerio Público.
Acusaciones cruzadas
En paralelo, la Fiscalía de París instruye otra investigación iniciada por el Ministerio del Interior, que considera que las alegaciones de la policía municipal constituyen un delito de "difamación pública de un miembro del Gobierno y de la Policía Nacional". Cazeneuve lo justificó porque las acusaciones de Bertin "quieren crear en la mente del público la idea de que el Ministerio comunica falsas informaciones con respecto a los efectivos de policía nacional presentes en lugar" la noche del 14 julio, y dar así a entender que hubo "una mentira de Estado".
El atentado desencadenó desde pocas horas después una polémica entre el Gobierno y la oposición de derechas, y muy en particular diversos cargos electos de la región de Niza, como Estrosi y Pradal, que le reprochan un dispositivo de seguridad insuficiente para prevenir la matanza.
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