Francia reconoce que incumplirá la convención europea de DDHH con su estado de emergencia

La notificación de esa derogación está prevista en el artículo 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Ésta estipula que «en caso de guerra u otro peligro público que amenace la vida de la nación», un estado firmante «puede tomar medidas que deroguen las obligaciones» de la convención.

El Consejo de Europa, que no es un organismo de la UE, deja claro no obstante que la convención sigue vigente en Francia, y que algunos de los derechos contemplados no podrán incumplirse, en particular el derecho a la vida y la prohibición de infligir torturas o tratos inhumanos o degradantes. Tampoco puede derogarse el principio afirmado en el artículo 7 de la convención, según el cual no puede imponerse una pena sin que haya una legislación que la avale, señala el Consejo de Europa.

El estado de emergencia fue instaurado en Francia la noche de los atentados del 13 de noviembre en varios puntos de París y en el municipio de Saint Denis, que se cobraron 130 muertos y más de 350 heridos. El dispositivo, prolongado hasta fines de febrero por el Parlamento francés, da más poderes a la policía, que puede efectuar registros o vigilar electrónicamente a sospechosos sin la autorización previa de un juez.

El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo el jueves que el estado de emergencia no significa «el abandono del estado de derecho, porque el estado de derecho prevé» aplicar dicho dispositivo.

La declaración de derogación «no levanta ninguna competencia de la Tribunal Europeo de Derechos Humanos para juzgar posibles vulneraciones de los derechos fundamentales. Simplemente la corte actuará con más flexibilidad», explicó Michel Tubiana, abogado y expresidente de la asociación francesa Liga de los Derechos del Hombre.

En el caso de que una persona que haya sido investigada por la administración en el marco de un proceso relacionado con el decreto de estado de emergencia se dirija a la corte, el tribunal comenzaría analizando si las autoridades actuaron con fundamentos.

«Gran preocupación»

Para el jurista Nicolas Hervieu, experto en derecho público y especialista en el marco europeo de derechos humanos, esta iniciativa del gobierno francés es una «forma de protegerse» de eventuales condenas futuras. Esta «flexibilidad» no quiere decir que el Estado pueda hacer «cualquier cosa», advierte Hervieu. «El control del Convenio se relajó, pero no va a desaparecer».

En tanto, la organización Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los pueblos (MRAP por sus siglas en Francés) expresó «su gran preocupación» y señaló que esta es la confirmación de las «inquietudes de todos los que después de los atentados (...) se niegan a ceder antes el miedo y piden la defensa de las libertades».

El Consejo de Europa no se pronunciará sobre la validez de la decisión francesa. En cambio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), garante de la convención, podrá hacerlo si se le presentan demandas precisas relativas al incumplimiento en Francia de dichos derechos.