Las reformas propuestas por Atenas a sus acreedores

Tras cuatro meses de arduas negociaciones, Atenas finalmente se ha plegado a las exigencias de los acreedores que prevén un 1% del PIB de superávit primario (sin contar el servicio de la deuda) para 2015 y del 2% para 2016.

El incremento de los ingresos públicos se hará, sobre todo, mediante la subida de la "tasa de solidaridad" a los ingresos superiores a los 50.000 euros anuales. Las tasas del 3% y 4% pasan al 4% y el 6%, se crea un nuevo techo del 8% y la imposición de las sociedades anónimas pasará del actual 26% al 29%.

Asimismo, las empresas con un volumen de negocio superior al medio millón de euros tendrán que pagar un impuesto extraordinario del 12% mientras que el de los bienes de lujo (coches de más de 2,5 litros de cilindrada, piscinas, aviones, yates, etc), también aumentará. También prevé reducir en 200 millones de euros el gasto en defensa e impondrá un impuesto a los ingresos del juego en internet.

Sobre el espinoso asunto del aumento del IVA, el Gobierno griego ha aceptado aplicar la tasa más baja (6%) solo a los medicamentos y a los libros, mientras que el IVA para servicios y bienes oscilará entre el 13% y el 23%.

Los acreedores han reclamado este lunes en la cumbre europea que Atenas suba el IVA de hostelería y restauración al 23%, una medida que es "socialmente equitativa", según una fuente europea cercana a las negociaciones, ya que afecta principalmente a los turistas alemanes y franceses, un aumento que todavía no ha confirmado el Gobierno griego.

Pensiones

Sobre la reforma de las pensiones, Atenas prevé la supresión de la prejubilación a partir del 2016. "La edad de jubilación no cambia para aquellos que dejen de trabajar antes del 30 de junio", asegura el Gobierno, pero después de esta fecha puede pasar de los 62 a los 67 años.

El Gobierno de Tsipras prevé la supresión de "monopolios" de algunos productos y medidas para "luchar contra la corrupción". En cuanto a las privatizaciones, se compromete a llevarlas a cabo con condiciones, como la participación del sector público en el capital de la empresa compradora, el compromiso de los inversores en la economía local, la protección de los derechos de los trabajadores, y la protección del medio ambiente. El gobierno excluye la venta del operador público de la red eléctrica (Admie) y de su participación en el operador de telefonía OTE.

Se trata de concesiones ya que son "resultado de negociaciones duras y dolorosas para encontrar un acuerdo con los acreedores que no afecta a los derechos de los trabajadores y ofrece una perspectiva" a la economía griega, según el Gobierno de izquierda radical de Syriza.