Viktor Orban, un agitador populista en Europa

En medio de la indignación popular por el asesinato de una estanquera, Orban aprovechó para decir en una rueda de prensa que la cadena perpetua sin libertad provisional que él impulsó no es suficiente contra los criminales y que Hungría debería mantener la pena de muerte en su agenda. Ante la oleada de indignación que suscitó en Bruselas y la advertencia de Juncker, el Gobierno húngaro se apresuró a precisar que el abrir un debate sobre el tema no quiere decir que se vaya a ir más allá. El propio Orban declaró que Hungría respetará la legislación europea.

Pese a sus palabras, en Bruselas se es consciente de que esta deriva populista no es ni será la última. La UE está muy atenta también a la evolución de otra iniciativa que va claramente en contra de los principios básicos europeos. Orban dirigió una carta a su electorado la pasada semana pasada en las que plantea doce preguntas entre las que figura la posibilidad de recluir a los inmigrantes ilegales en campos de internamiento.

Apoyado en sus victorias electorales, el primer ministro húngaro ha ido reforzando su poder con una táctica autoritaria que ha llevado a que algunos medios le hayan denominado el Hugo Chávez europeo. Colocación de hombre afines en el aparato judicial, modificación de la Constitución, tasas confiscatorias a la prensa y acoso a las ONG han sido algunas de las controvertidas medidas que han provocado un amplio rechazo en la comunidad europea. Por si faltaba algo, Orban siente una confesa amistad y afinidad con el presidente ruso Vladímir Putin.

En su respuesta a estos desafíos, la UE ha ido un poco más allá de expresar su rechazo. El año pasado el Ejecutivo comunitario aprobó el año pasado un mecanismo de supervisión democrática de los Estado miembros que puede llegar a sancionar a aquellos de incumplan las normas básicas europea en cuestiones de democracia y derechos humanos. En caso de que se produzcan este tipo de incumplimientos se llega a prever la retirada de los derechos de voto.

No sabemos si la normativa aprobada se llegará a utilizar contra Orban, pero el auge de movimientos xenófobos en muchos países europeos hacen necesario que la Unión tenga previstos sistemas de defensa y protección ante cualquier amenaza que intente cuestionar o sabotear los principios básicos de derechos humanos y de convivencia que conforman su armazón fundacional.