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REUTERS/ EP
Martes, 7 de abril 2015, 21:32
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado que Italia violó las leyes contra la tortura cuando los líderes del grupo de los ocho países más poderosos del mundo (G8) se reunieron en Génova en 2001, y ha pedido una compensación para un manifestante, ... Arnaldo Cestaro, que fue golpeado gravemente por la Policía.
El tribunal, con sede en Estrasburgo, ha considerado que Cestaro sufrió torturas y trato inhumano tras el asalto a un colegio en el que dormía junto a miembros del movimiento antiglobalización 'Forum Social de Génova'.
Los testigos señalaron que los ocupantes del colegio se tumbaron en el suelo sin resistir, aunque eso no persuadió a la Policía de golpearlos con porras. Cestaro tenía 62 años cuando la Policía le golpeó en la cabeza, las piernas y los brazos con porras, lo que le causó heridas graves. Estrasburgo ha dictaminado que debe recibir 45.000 euros por los daños causados, calificados por la Unión Europea como tortura.
Los enfrentamientos entre los manifestantes antiglobalización y la Policía durante la reunión del G8 en Génova se saldaron con la muerte de una persona y cientos de heridos, lo que provocó las acusaciones por la brutalidad de la Policía y consiguientes investigaciones judiciales de los hechos.
Después de tres años de investigaciones, el Tribunal ha señalado que 28 agentes han sido acusados por la violencia empleada durante la cumbre, doce de los cuales fueron condenados a entre dos y cuatro años de prisión. Sin embargo, ha informado de que los responsables directos de la agresión a Cestaro no han podido ser identificados. Además, el estatus de limitaciones ha librado de ir a la cárcel a nueve agentes, acusados de propiciar heridas graves.
Además, Estrasburgo ha lamentado que la legislación penal italiana no reaccionase de forma adecuada y que fallase a la hora de fomentar sanciones contra la tortura o que impidan actos similares en el futuro. Por ello, ha proclamado que Italia debería demostrar que tiene medios suficientes para imponer castigos sobre actos de tortura y otras acciones que violen los Derechos Humanos.
Un diputado del Partido Democrático de Italia (PD), Franco Vazio, que ha estado preparando una ley contra la tortura en su país, ha dicho a través de un comunicado que "la sentencia nos recuerda que a Italia le ha faltado una ley contra la tortura durante mucho tiempo y no ha respetado los principios de la legislación internacional".
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