Irlanda obliga a dar a luz por cesárea a una mujer que solicitó abortar por riesgo de suicidio

En un caso que para muchos expone las deficiencias de la reforma irlandesa, a la mujer -inmigrante de identidad desconocida por razones legales-, se le negó la terminación de su embarazo a pesar de haberlo pedido a las ocho semanas de gestación argumentando riesgo de suicidio. Después de varias semanas en el hospital para obtener una aprobación unánime de un comité de tres sanitarios, los dos psiquiatras del grupo coincidieron en garantizar el aborto, pero el obstetra, aún aceptando el riesgo de suicidio, se mostró contrario, por lo que la autorización no siguió adelante.

Para entonces, la mujer ya se encontraba en las 21-23 semanas -unos cinco meses- de gestación. La joven amenazó entonces con una huelga de hambre, ante lo que las autoridades sanitarias locales decidieron "garantizar la seguridad del bebé" a través de una orden judicial que obligaba a la mujer a dar a luz de forma prematura -alrededor de los 6 meses-.

Una ley tardía e insuficiente

La ley aprobada en julio de 2013, con el nombre de Acto de Protección de la Vida durante el Embarazo, permite abortos limitados en hospitales irlandeses cuando la vida de la mujer corra peligro en caso de seguir con el embarazo, supuesto también contempla los casos en los que la mujer tenga riesgo de suicidio. Algo que, sin embargo, no se ha respetado en el caso de la mujer afectada.

Esta reforma llevaba pendiente en Irlanda desde 1992, cuando el Tribunal Supremo condenó al país por impedir que una mujer viajara al extranjero para abortar, aunque existía riesgo de suicidio. En 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a una mujer irlandesa que denunció que en 2005 se vio obligada a viajar a Inglaterra para interrumpir su embarazo, algo que se le negó en Irlanda a pesar de estar enferma de cáncer. Y el fallecimiento en 2012 de Savita Halappanavar, gestante de un feto inviable, tras negársele un aborto, aceleró la reforma en un país en el que hasta 2013 estaba prohibida la terminación del embarazo.

Todo esto ha recalcado para muchos la necesidad de derogar la octava enmienda de la constitución irlandesa, por la que un feto, desde el momento de la concepción, es considerado ciudadano de la República, así como de revisar la legislación realitava al aborto en Irlanda. "Si una joven víctima de violación, certificada como demandante de un aborto debido al riesgo de suicidio, no puede acceder a los servicios de aborto, entonces la legislación y su aplicación tiene fallos fatales. Revocar la octava enmienda en un referéndum urgente y despenalizar el aborto son ahora medidas de urgencia", ha denunciado un grupo de sanitarios.

Irlanda era, hasta la ley de 2013, uno de los cuatro países europeos -con Andorra, El Vaticano y Malta- en los que el aborto era ilegal en todos los supuestos. Junto a Finlandia, Polonia, Reino Unido y -de seguir adelante la reforma de Gallardón- España, Irlanda es uno de los pocos países con una legislación de supuestos en lugar de plazos, lo que les sitúa como los países más estrictos de Europa respecto al aborto.