Caroline Conejero
NUEVA YORK
Sábado, 18 de marzo 2023, 21:30
Desde los escritorios blancos de linóleo de una insulsa sala de conferencias de la década de los 40, sin ornamentos, y con la única vista a un sórdido patio de hormigón, en el cuarto piso de un edificio de oficinas del Bajo Manhattan, los 23 ... miembros del gran jurado de la Fiscalía de distrito ultimaban esta semana los trámites finales de lo que está a punto de convertirse en una decisión histórica.
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El rumor estaba en la calle ya desde hace varios días y las redacciones de prensa avanzaban análisis y especulaciones sobre lo que parecían signos claros de una noticia explosiva. Al final ha sido el mismo Donald Trump el que lo ha anunciado: su inminente arresto –según él, previsto para este martes– con el fin de ser imputado por el pago de dinero secreto a la actriz porno Stormy Daniels. De ser cierto, esta circunstancia le convertirá en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser acusado de un delito penal.
Trump hizo pública su furia ayer en su plataforma Truth Social, acompañada de un llamamiento a protestas para «recuperar una nación» que describe sumida en la violencia del caos. A pesar de ello, uno de sus portavoces aclaró más tarde que todavía «no se había producido una notificación» de arresto ni de cargos inculpatorios, y que se trataba más de «filtraciones ilegales» a los medios de comunicación.
El caso se centra en un incidente de relativa menor importancia —palidece en comparación con la trama y las escandalosas actitudes que desembocaron en el asalto al Capitolio en 2021–, relativo al pago de dinero para silenciar a Stormy Daniels que, a solo dos semanas de las elecciones presidenciales de 2016, amenazaba con revelar públicamente los detalles de un una relación sexual con el entonces candidato presidencial. La relación habría tenido lugar en 2006, solo un año después de su matrimonio con Melania Trump y cuatro meses después del nacimiento de su hijo Barron.
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Michael Cohen, el entonces abogado del magnate, fue el gestor de la operación y, en opaco, realizó un abono «secreto» de 130.000 dólares a la actriz para evitar una bomba mediática que hubiera tenido consecuencias impredecibles en la campaña electoral. Cohen, que fue condenado y cumplió cárcel debido a este caso, declaró una vez más ante el jurado esta semana sobre la ocultación por parte de su exjefe de un pago que debería haberse reflejado como gasto de campaña, pero que fue desviado a las cuentas de desembolsos de la Organización Trump, donde se registró como tarifa de abogados.
Según el libro publicado recientemente 'El Pueblo Contra Donald Trump', del principal fiscal de la investigación, Mark Pomerantz, que dimitió el año pasado, Cohen testificó a la Fiscalía del distrito de Manhattan haber sido él, el autor intelectual del plan de pago. Según su versión, el abogado negoció el trato a través del asesor legal de Stormy Daniels y estableció un contrato de confidencialidad entre Trump y la actriz. En este documento las dos partes aparecían con pseudónimos: ella, 'Peggy Peterson', prometía no revelar ningún detalle sobre 'David Dennison'. Cohen confesó que hizo la transferencia de los 130.000 dólares a las 9.47 horas del 27 de octubre de 2016 y que todo lo hizo bajo la dirección de Trump. Luego, éste le reembolsó el dinero.
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Esta semana, el antiguo abogado del líder conservador, que fue sentenciado a tres años de prisión federal –parte de ellos en su domicilio tras la pandemia– por evasión de impuestos y violación de la ley de financiamiento de campañas, no ha ocultado su júbilo por su colaboración con el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Como resultado de aquella operación fraudulenta perdió su licencia profesional y ha jurado repetidamente vengarse de su antiguo jefe, a quien ha demandado e incluso colocado de protagonista en un libro sobre el presunto soborno: 'Venganza'.
El gran jurado ha interrogado al menos a siete personas del círculo íntimo de exasesores de Trump, incluidas Hope Hicks y Kellyanne Conway. Esta semana los fiscales tomaron declaración a Stormy Daniels, que también ha escrito su propio libro con su versión de los hechos. Pero el indicador que señaliza la inminencia de un veredicto de imputación ha sido la invitación a declarar al propio expresidente, más como una cortesía judicial para escuchar su lado de la historia que como una expectativa real de obtener nueva información.
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Una invitación que, como era de esperar, Trump ha rechazado, al tiempo que insiste a través de su plataforma mediática en «no haber hecho absolutamente nada» y ser víctima de una «persecución política». Su actual abogado, Joseph Tacopina, ha argumentado en la Fiscalía que realizar «pagos para silenciar» no es ilegal en un intento de revertir cualquier acusación y ha desarrollado una dura campaña pública para desacreditar a Cohen, a quien descalifica como un «convicto por perjurio» con ansias de venganza.
Como en realidad Tacopina tiene razón y efectuar un pago para obtener un silencio no es ilegal en sí mismo, el fiscal Bragg se centra en investigar el modo en que Trump y su negocio familiar gestionaron el reembolso del dinero a Cohen. Al parecer, la Organización Trump lo registró en la contabilidad interna bajo gastos legales mediante un acuerdo falso de servicios. La falsificación de registros comerciales es un delito en el Estado de Nueva York,
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No obstante, el fiscal parece haber montado un caso en base a un delito más grave: un «intento de fraude» para ocultar la violación de la ley electoral estatal. Su argumento es que el pago a la actirz puede calificarse como una contribución ilícita a la campaña de Trump, dado que el dinero silenció a la estrella porno con el fin de ayudar a su candidatura.
La osadía de Trump no parece tener límites. A principios de este mes avanzó en una convención conservadora que no renunciará a ser candidato a la presidencia de EE UU en 2024 si es acusado, ya que una imputación penal «probablemente mejoraría sus números» de cara a ganar la nominación republicana. El magnate encabeza de momento las encuestas de las primarias de su partido con un 46% de apoyo, muy por delante de aspirantes como Nikki Haley (5%) o Mike Pence (3%). Con todo, el expresidente se enfrenta a una «avalancha legal» a medida que una serie de importantes investigaciones criminales empiezan a madurar. Entre las que primero pueden convertise en cargos figura su posible interferencia directa para coaccionar a funcionarios públicos y anular su derrota en las elecciones de 2020.
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