Los talibanes envían a su jefe político a Doha para cerrar un acuerdo con EE UU

Detenido en Karachi en una operación conjunta de los servicios de inteligencia estadounidenses y paquistaníes en 2010, Baradar fue viceministro de Defensa cuando los fundamentalistas gobernaban el país y tras la invasión se convirtió en mano derecha del líder del grupo, mulá Omar. Desde mayo de 2007 hasta su detención formó parte del consejo supremo talibán en la llamada Shura (consejo) de Quetta. Su puesta en libertad en octubre fue uno de los gestos con los insurgentes para intentar ganar confianza de cara a la negociación. «El hecho de que el jefe adjunto de los talibanes asista a las negociaciones muestra que las dos partes esta vez lo toman seriamente», valoró el analista afgano Ahmad Sayeedi a la AFP.

Como en los anteriores encuentros, los talibanes se niegan a conversar con el Gobierno de Kabul, al que consideran una «marioneta» de Washington, y solo se sientan frente al enviado de Donald Trump, Zalmay Khalilzad. La clave del diálogo vuelve a ser la retirada de las tropas de EE UU a cambio de que los talibanes garanticen que no permitirán que el país se convierta en refugio para yihadistas de Al-Qaida o Estado Islámico (EI).

Desde el final de la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), que acabó en 2014, quedan unos 22.000 soldados extranjeros desplegados en el país en el marco de la operación 'Apoyo Decidido', 14.000 de ellos de EE UU. Es la guerra más larga que ha librado su Ejército y ha perdido 2.419 hombres. Trump no oculta su deseo de retirarse de Afganistán y el plazo de salida filtrado por los talibanes es de 18 meses.

El proceso de Doha se retomó 24 horas después de que la ONU publicara el informe anual sobre civiles muertos en Afganistán. El organismo internacional elevó a 3.804 los muertos en 2018, de ellos 917 niños, lo que significa el año más sangriento de la última década en el país. El 37% de las víctimas se achacan a atentados talibanes y el 20% al EI.