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DIANA MARTÍNEZ
Domingo, 9 de febrero 2020, 23:35
Suiza dio este domingo un paso más allá en derechos sociales. El país centroeuropeo aprobó en referéndum incluir en el Código Penal la discriminación basada en la orientación sexual como un delito equiparable al del racismo por un margen de 63,1% a favor y ... 36,9% en contra. En concreto, se ha modificado el Artículo 261bis de la legislación helvética que tipifica el racismo para que también se castiguen los actos homófobos. El Código Penal prevé penas de cárcel y multas para las agresiones o la discriminación por motivos de afiliación racial, ética, religiosa y, a partir de ahora, también por discriminación debido a la orientación sexual. Mathias Reynard, el parlamentario socialista que propuso esta reforma, remarcó que era «un día histórico» y «una magnífica señal para todas las personas afectadas».
El Gobierno y el Parlamento respaldaron esta propuesta para reforzar la protección contra la homofobia, ya que «la dignidad humana es un valor fundamental en la sociedad suiza y el comportamiento discriminatorio viola los principios garantizados por la Constitución Federal». Así, se prohibirán los actos o declaraciones públicas que atenten contra la dignidad humana de una persona o un grupo de personas en relación con su orientación sexual, creando un clima de odio y poniendo en peligro la coexistencia pacífica en la sociedad.
De la misma manera, se castigará a quien se oponga a prestar un servicio público, como vetar la entrada a un restaurante o pernoctar en un hotel, debido a la orientación sexual del interesado. Un acto racista de este tipo está penado con hasta tres años de prisión actualmente. Sin embargo, el derecho penal no se aplica a las declaraciones o actos dentro del círculo de familiares o amigos, ni a los debates objetivos en público, que siguen estando permitidos.
Por su parte, Jean-Pierre Sigrist, de 71 años, exprofesor de Enseñanza Secundaria en Ginebra y activista gay, replicó que la libertad de expresión «no es la libertad de decir cualquier cosa», y esta ley constituye «una salvaguardia añadida contra los actos homófobos». Si la llamada ley antihomofobia hubiera existido hace 40 años, «quizá yo no hubiera recibido una paliza a la salida de un bar de Ginebra y no se habrían reído de mí cuando presenté una demanda».
Mientras, en los círculos LGTB, algunos temen que una protección especial los estigmatice aún más. «Lucho por la aceptación y la normalización de mi sexualidad. Para mí, la normalización también significa no exigir derechos especiales», afirma Michael Frauchiger, copresidente del comité '¡Derechos especiales NO!'.
En contra del cambio está la Unión Democrática Federal, un pequeño partido ultraconservador que afirma basar sus posiciones políticas en principios religiosos cristianos. En 2004 ya se opuso sin éxito a la aprobación de la unión civil de parejas homosexuales y ahora ha impulsado este referéndum tras reunir 50.000 firmas.
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