Seguridad o libertad, ¿qué elegirías?

Muchos se hacen estas preguntas, y no solo en países aún en vías de desarrollo. Los movimientos populistas europeos de 'ley y orden' también reclaman a la población cesiones en ciertos derechos a cambio de mayor seguridad. No obstante, en los últimos meses América Latina se ha convertido en el mejor ejemplo del choque social al que puede llevar esta disyuntiva. Mientras en El Salvador la gente puede salir a la calle sin miedo a que le peguen un tiro gracias a una brutal campaña contra las bandas organizadas, en la que también se arremete contra muchos inocentes cuyos derechos son pisoteados, en la anteriormente más pacífica Ecuador los narcotraficantes se hacen fuertes y asesinan a candidatos presidenciales que amenazan sus intereses. De forma paralela, la ultraderecha se erige en la única ideología capaz de acabar con los males crónicos que asolan Argentina.

Las estadísticas son contundentes. En 2015, 6.656 personas fueron asesinadas en El Salvador. 103 por cada 100.000 habitantes, la tasa más elevada del mundo. El año pasado fueron 495; o sea, 7,8 por cada 100.000 habitantes. Y entre el 1 de enero y el 13 de agosto de este año han sido asesinadas 89 personas, lo que reduce la tasa de homicidios provisional hasta el 2,3. Es un 97% menos que hace ocho años, y el Gobierno subraya que durante 157 días de lo que llevamos de 2023 no se ha matado a nadie en este país de apenas 6,3 millones de habitantes.

La clave de esta espectacular progresión no está en una campaña de concienciación contra la violencia, sino en la mano dura que aplica el Ejecutivo de Nayib Bukele, que accedió a la presidencia en 2019 y que está cumpliendo con su promesa de acabar con el crimen organizado. Por las malas. Tanto que parece haberse inspirado en la guerra que su homólogo filipino, Rodrigo Duterte, abrió contra la droga, también a tiros y con resultados similares: dejó miles de presuntos traficantes muertos, pero la criminalidad bajó dramáticamente. Muerto el perro, se acabó la rabia.

Aparentemente, el grueso de la población salvadoreña está más que satisfecha con la seguridad en sus calles, inédita en las últimas décadas. «Podemos salir tras la puesta del sol sin miedo a que nos maten o secuestren» es una frase que resume bien un sentir generalizado. Sin embargo, numerosas organizaciones de activistas sociales y pro derechos humanos señalan el precio que esta seguridad se está cobrando en materia de justicia y de libertades. Igual que sucedió en Filipinas.

Porque primero se aprieta el gatillo y luego se pregunta. De forma literal y figurada: El Salvador ha encerrado a más de 70.000 ciudadanos -nada menos que el 2% de la población- que sufren lo indecible en prisiones atiborradas de gente aunque muchos aún no han sido juzgados. Pero eso no parece muy relevante para otros países de la región, incluidos Honduras y Guatemala, donde este sistema tiene cada vez más admiradores. «¿Qué vale más, la vida de la mayoría o los derechos humanos de una pequeña minoría que es víctima de injusticias policiales o judiciales?», se preguntaba una salvadoreña en una televisión local.

Partidarios de Bukele en todo el continente han encontrado en Ecuador un nuevo ejemplo para justificar los posibles desmanes en su guerra contra la delincuencia. Porque el asesinato a plena luz del día y frente a las cámaras del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio ha demostrado que, cada vez más, los criminales son quienes tienen el poder. Por si no había quedado claro, otro político, Pedro Briones, corrió la misma suerte el pasado lunes. En común tenían luchar contra las mafias y la corrupción.

Poco a poco, Ecuador va camino de convertirse en un narcoestado, a pesar de que su producción de droga es mínima. El problema es que se encuentra rodeado por dos grandes potencias de la cocaína, Colombia y Perú, y que sus políticos corruptos se llenan los bolsillos permitiendo que el país se convierta en un corredor para el polvo blanco. Y eso los ciudadanos lo acaban sufriendo también: la delincuencia se ha disparado y la tasa de homicidios ha pasado de 6 por cada 100.000 habitantes en 2017, a más de 25 el año pasado. Es un incremento del 83% con respecto a 2021.

Curiosamente, Villavicencio abogaba por construir una prisión de alta seguridad para albergar a los pandilleros que aterrorizan a la población, muestra de que la seguridad gana enteros frente a los derechos humanos entre las prioridades de los latinoamericanos, mientras las ONG europeas prefieren poner el foco en los últimos.

¿No son compatibles la lucha contra el crimen y el respeto a los procedimientos judiciales y los derechos de los procesados? Es una pregunta lógica que puede tener diferentes respuestas. Europa y diferentes países de Asia sí que han logrado compatibilizar ambos, pero no sucede así en una gran parte del mundo, donde o prevalece el puño de hierro del Estado o la ley de los delincuentes.

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El ser humano tiende a buscar una solución simple para los problemas más complejos. De eso se nutren los populismos, independientemente de su ideología. Argentina tiene muchos problemas endémicos, sobre todo en el terreno económico -con una inflación que alcanza el 150%, 70 veces la de España-, y parece que los votantes han dicho basta a los políticos que no logran solucionarlos. Javier Milei promete hacerlo a puñetazos de anarcocapitalismo, o, mejor dicho, arrancando ministerios e instituciones públicas que, en su opinión, sobran.

Y ese mensaje, a ser posible expresado a voz en grito, cala entre una población que se debate entre un hartazgo más que lógico y la desesperación. Son los sentimientos que han aupado a Duterte en Filipinas, a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil o a Meloni en Italia. Puede que Milei se sume a la lista a finales de año, pero tendrá que andarse con ojo, porque sus correligionarios de ultraderecha no han durado mucho en el cargo. Es lo que pasa: que las soluciones sencillas no sirven para problemas complejos.

El problema está en el daño que pueden provocar a sus países estos dirigentes que comparten el negacionismo de cualquier asuntos científico -ya sea el cambio climático o el covid-, un conservadurismo social que provoca una regresión en los derechos que han adquirido grupos como el LGTBI, y un liberalismo económico que beneficia siempre a los poderosos y que ahonda la brecha entre pobres y ricos. Milei ya ha dejado claro que eso de la 'justicia social' es «una aberración».

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