Los rohingya, el pueblo al que nadie quiere

La frágil paz social que allí se había alcanzado se rompió en pedazos para siempre: varios cientos de personas murieron, decenas de miles de rohingya fueron hacinados en insalubres campos de desplazados, y la tensión fue aumentando hasta que desembocó en un choque entre el ejército birmano y el ARSA, el grupo armado que Myanmar tacha de terrorista y que los rohingya consideran de liberación. Aquella contienda causó la muerte de más de 6.000 personas y provocó el gran éxodo del verano de 2017, cuando la mayoría de los miembros de este controvertido colectivo cruzó el río que separa Myanmar de Bangladesh en lo que muchos consideran como la culminación de un proceso de limpieza étnica.

El país bengalí los alojó en campos que han ido devorando las colinas de Chittagong hasta convertirse en la mayor concentración de refugiados del mundo. Tal es su peso demográfico que los rohingya suponen ya un tercio de la población del distrito, y la falta de oportunidades económicas y de recursos ha convertido la zona en un polvorín socialen el que yihadistas, camellos y traficantes de personas se camuflan de refugiados. No en vano, durante una visita a los campos de refugiados el año pasado, este periodista encontró carteles a favor de los terroristas islámicos y recogió numerosos testimonios de desplazados que reconocen la peligrosidad del lugar, al que las propias ONG prohíben la entrada tras el anochecer. El trapicheo y la violencia son una constante.

«Esta crisis se está convirtiendo en una amenaza regional. Además del hacinamiento y de la degradación que provoca en el entorno, pone en peligro la salud y la seguridad en la zona», advirtió la primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina, durante la conferencia que pronunció el año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Para aliviar esta presión, el Ejecutivo de Dacca ideó una solución polémica que se está ejecutando ahora: adecuar la isla de Bhasan Char para acoger hasta cien mil rohingya a unos 40 kilómetros de la costa. El problema es que sus 50 kilómetros cuadrados emergieron hace solo dos décadas fruto de una sedimentación que ha dejado su punto más elevado a solo dos metros del nivel del mar.

Sus detractores critican que se trata de un terreno inestable y especialmente expuesto a las catástrofes naturales que asolan el país de forma intermitente. Los tifones y las inundaciones que provocan suponen un grave peligro para Bangladesh, uno de los países más pobres de Asia y también uno de los que más sufre los efectos del cambio climático a nivel global. Por si fuese poco, algunas ONG también temen que la isla se convierta en una cárcel al aire libre. Algo así como el Alcatraz de los rohingya.

«El gobierno de Bangladesh debe comprometerse a realizar una reubicación transparente, en la que se obtenga el consentimiento de los refugiados y se garantice su libertad de movimiento», escribió Human Rights Watch el pasado día 3 en un comunicado en el que también denunció que no se ha permitido la participación de la ONU en este delicado proceso que, si sigue su curso, habrá logrado el realojo en la isla de 4.000 rohingya antes de que acabe este año. «Algunos refugiados en la lista -de los elegidos para la mudanza- han escapado de los campos por miedo a una reubicación forzosa», afirma HRW.

«Vinimos aquí escapando de todo tipo de peligros. ¿Por qué deberíamos ir ahora a esa isla que no es segura? Cuando supimos que mi familia estaba en la lista, escapamos del campo. Pero ayer nos descubrieron y nos han traído aquí», comentó una joven de 18 años, reubicada ya en Bhasan Char, a la agencia Reuters. Reconoce que se apuntaron en la lista, pero sostiene que lo hicieron creyendo que era para recibir raciones de comida. Otros, según documentos vistos por Reuters, han aceptado mudarse por dinero y por la promesa de prioridad en el futuro proceso de repatriación o de reubicación en terceros países.

En cualquier caso, el gobierno bangladesí afirma que las condiciones de habitabilidad en la isla son mucho mejores que las de los campos actuales. Los barracones de cemento gris en los que están siendo alojados los rohingya son palafitos que, debido a su elevación del suelo, pueden hacer frente a las inundaciones con más garantías, y las autoridades añaden que están diseñados para resistir incluso los peores tifones. Sin duda, son aparentemente mucho más adecuados que las enclenques chabolas de bambú y plástico actuales. Además, también se han levantado refugios de hormigón armado con capacidad para todos los refugiados, y la isla se ha protegido con un dique de tres metros de altura.

El objetivo a largo plazo es la repatriación de los rohingya a Myanmar, algo a lo que la mayoría de los refugiados entrevistados por este diario se opone. «Para que eso suceda, el gobierno birmano debe garantizar nuestra seguridad, devolvernos nuestras propiedades, y comprometerse a respetar nuestra cultura», comentaba Muhammad en una de las chabolas del campo de Kutupalong. El principal escollo para que eso suceda es, precisamente, el rechazo mayoritario de la población budista a los rohingya, un pueblo al que nadie quiere en su territorio.

«Hay evidencias históricas de que son inmigrantes ilegales llegados de Bangladesh con los británicos, y tenemos pruebas de que no han dejado de venir», sentenció el abad del monasterio birmano de Ooyin, U Jotika, en una entrevista con este periodista. «Aunque llevan asentados desde hace mucho tiempo, no son capaces de coexistir en paz. Pagan a las mujeres locales para que se casen con ellos y se conviertan al islam. Y luego tienen muchos más hijos que la comunidad local. Eso provoca desequilibrios demográficos y resta recursos a la población nativa. Además, son una comunidad violenta y endogámica que busca la segregación del resto de religiones. Persiguen la creación de un estado islámico en Rakhine y luego extenderlo al resto del país», apostilló el monje.

El suyo es un discurso muy extendido por la antigua Birmania, donde ni siquiera la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi los defiende. «Tenemos que expulsarlos», sentenciaba U Shwe Mg, dirigente del Partido para el Desarrollo de la Nación Rakhine. «Pero no es fácil. Ya lo intentó el general Ne Win tras su llegada al poder, en 1962. De hecho, los expulsó. Pero tuvo que readmitirlos por la presión de la comunidad internacional», añadió.

Oficialmente, Myanmar reconoce nada menos que 135 grupos étnicos, pero entre ellos no se encuentran los rohingya, a los que una ley de 1982 niega la nacionalidad independientemente de que hayan nacido en su territorio o lleven varias generaciones en el país. El problema es que Bangladesh, donde los birmanos ubican su procedencia, tampoco los reconoce como sus ciudadanos a pesar de las claras similitudes sociales y religiosas con los bengalíes.

Los activistas rohingya, sin embargo, rechazan de plano esas acusaciones y demandan su reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho en Myanmar. «Hay pruebas históricas de nuestra presencia en Birmania en 1826, cuando los británicos hicieron el primer censo. Entonces, los indios a los que empleaban no habían llegado todavía», sostiene Abu Tahay, uno de los activistas e historiadores rohingya más prominentes. Y de la misma opinión son los refugiados, independientemente de su nivel formativo.

«Yo he nacido en Myanmar, y también mis padres y mis abuelos. Puede que el color de nuestra piel sea similar al de los bengalíes, lo mismo que la lengua que hablamos. Pero yo nunca había estado antes en Bangladesh. ¿Por qué el país de mis ancestros me expulsa a uno con el que no tengo nada que ver?», se pregunta una mujer que perdió a su marido en los enfrentamientos de 2017 y que ahora trata de sacar adelante a tres hijos de corta edad. «Los de Bhasan Char son campos de concentración. Lo que deberían hacer es adecentar los actuales y proporcionarnos medios para salir adelante», reclama.

No es asunto fácil. Hay quienes consideran que la integración de los rohingya en el este de Bangladesh es la solución más sencilla para poner punto final a un problema que se alarga demasiado en el tiempo, pero la gran densidad de población y el choque con las comunidades locales lo dificulta. También se estudia la reubicación en terceros países, pero lo cierto es que muy pocos se han ofrecido a acogerlos, y ninguno en cantidad suficiente como para aliviar la presión que ahora sufre Bangladesh.

ACNUR solo tenía identificado un millar que podría ser reubicado con facilidad y Malasia incluso amenaza con devolver a alta mar los barcos en los que llegan a su territorio. Desde allí, muchos intentan dar el salto hasta Indonesia y Australia en un viaje que a menudo acaba en tragedia. «Los gobiernos prefieren donar dinero y mirar para otro lado, porque los países desarrollados ya tienen sus propios problemas migratorios», explica un cooperante de una importante organización internacional que prefiere mantenerse en el anonimato.