Navalni se queda sin abogado

Pávlov fue detenido el viernes en Moscú mientras su despacho y domicilio en San Petersburgo estaban siendo objeto de un registro de agentes de los servicios secretos. Fue llevado después al Tribunal Basmanni de la capital rusa, en donde se le ha impuesto, hasta la celebración del juicio, un régimen que le impide acceder a Internet y utilizar las comunicaciones móviles.

Queda así completamente anulado como abogado defensor, ya que tampoco podrá relacionarse con testigos de su propio caso ni del que, estaba llevando hasta ahora, que amenaza al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) con ser reconocido como organización «extremista» y equiparado con el Estado Islámico o Al Qaida.

De hecho, sin esperar ni siquiera al pronunciamiento judicial, Rosfinmonitoring, el organismo ruso que vigila la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, ha incluido ya en su lista negra a todas las oficinas de Navalni a lo largo y ancho de Rusia, a las que califica de organizaciones «extremistas» y «terroristas». Un comunicado de Rosfinmonitoring informaba el viernes de que han actualizado su lista de organizaciones y personas que participan en «actividades extremistas y terroristas», incluyendo en ella al FBK y a los centros regionales de apoyo al dirigente opositor.

Agentes de la unidad de investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB o antiguo KGB) irrumpieron el viernes por la mañana en la habitación del hotel de Moscú en donde estaba hospedado Pávlov, que fue inmediatamente arrestado. Registraron todo lo que tenía allí como también el apartamento y oficinas de su bufete de abogados «Komanda 29» (Equipo 29) en San Petersburgo. Le fue incoada una causa penal en virtud del artículo del código referida a la «prohibición de divulgación de datos de la investigación preliminar».

Según Pávlov, tal acusación está relacionada con la causa seguida contra Iván Safrónov, antiguo periodista y asesor del director de la agencia espacial rusa, Roskosmos, a quien también defiende y que está acusado de «alta traición» por transferir supuestamente información sensible a los servicios secretos de la República Checa. Desde el principio, Safrónov ha negado haber manejado información secreta y menos habérsela pasado a nadie. Cree que está siendo objeto de una «venganza» por parte del FSB por sus publicaciones pasadas.

Se da la circunstancia de que el informe sobre Pávlov enviado al Comité de Instrucción para que adoptasen medidas contra él, según «Komanda 29», fue firmado directamente por el director del FSB, Alexánder Bórtnikov. El abogado ruso, además de defender a Navalni, al FBK y a Safrónov ha llevado otros casos de supuesto espionaje y «alta traición» abiertos contra opositores.

Varios juristas rusos han publicado una carta abierta denunciando las medidas adoptadas contra Pávlov, que califican de «arbitrariedad procesal». Por su parte, Leonid Nikitinski, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia rusa, cree que lo que está sucediendo con Pávlov se debe a «su conocida postura en cuanto a que el sistema judicial debe ser abierto». En declaraciones a la emisora Eco de Moscú, Nikitinski dijo que «esto molesta mucho a los servicios de inteligencia, que tratan de que las causas judiciales que promueven se mantengan en el mayor secreto posible».

Y es que el sumario abierto en contra del FBK y las organizaciones de Navalni, al igual que el que afecta a Safrónov, ha sido declarado «secreto». Pávlov aseguró el pasado lunes que estaba tratando de averiguar «qué hechos concretos son los que motivan que se les clasifique como extremistas». Dijo ante los micrófonos de Eco de Moscú que «estamos muy interesados en saber cómo relacionan la lucha contra la corrupción con las amenazas a la seguridad del Estado».

El letrado explicó también que clasificar el caso como secreto «hará que el proceso se celebre a puerta cerrada», sin que puedan acudir a cubrirlo los medios de comunicación. «El FBK no ha violado ninguna ley y no hay razón para reconocerlo como extremista. Si existen documentos que lo atestiguan, que los muestren», solicitó Pávlov. Según sus palabras, «la Fiscalía afirma que el FBK pretende, no sólo modificar los cimientos del orden constitucional, sino también el Gobierno y esto se presenta como el principal argumento para catalogarlos como extremistas. Pero me gustaría recordar a los fiscales que el traspaso de poderes es un precepto constitucional, incluido el principio de separación de poderes que se basa en el hecho de que las autoridades deben ser sustituidas periódicamente».