Regreso a Chagos, el hogar perdido

La devolución cierra, aparentemente, una lucha judicial que empezó poco después de que, en 1967, sus entonces 3.000 habitantes fueran conminados a abandonar las aldeas que habitaban. En realidad, no eran los dueños de las viviendas ya que la propiedad del suelo y los inmuebles pertenecía a un puñado de terratenientes dedicados a la explotación comercial de la copra. La Administración los adquirió y luego procedió a desembarazarse sin contemplaciones de los inquilinos. Fueron amenazados, según testigos, se les privó de suministros y, finalmente, desalojados sin reparar en sus protestas en un plazo que finalizó en 1973. Dos años antes se había publicado una ordenanza del comisionado de los Territorios Británicos del Océano Índico en el que se prohibía el regreso de los chagosianos. Hoy, los supervivientes y sus descendientes se distribuyen entre Mauricio, Seychelles, Francia y Reino Unido.

Poderosas razones geoestratégicas explicaban la operación. El objetivo final era ambicioso. Londres y Washington planificaban la puesta en marcha de una base militar en la más extensa de las islas, la de Diego García. En tiempos de la Guerra Fría, la ubicación de un centro de control en el Índico resultaba crucial porque por sus aguas tiene lugar gran parte del tráfico de combustible. Además, la privilegiada posición también proporciona apoyo logístico para campañas militares en regiones tan convulsas como Afganistán y Oriente Medio y monitorea la navegación en torno al Golfo Pérsico y el Mar Rojo.

Las tropas estadounidenses mantienen hoy en día esa punta de lanza. El campamento, en el que permanecen entre 3.000 y 5.000 soldados, posee almacenes, aeropuerto en el que aterrizan los poderosos bombarderos B-2 y puerto al que pueden acceder los submarinos para recargar misiles. En principio, el alquiler del espacio se estableció por un periodo de 50 años con la posibilidad de prorrogarse durante otro par de décadas.

El coste humano es más humilde y, hasta ahora, ha quedado en un segundo plano. La memoria individual refleja ese dolor. Los recuerdos de la chagosiana Liseby Bertrand fueron expuestos ante la Corte Internacional de Justicia en 2018 en la demanda de Mauricio contra Gran Bretaña, a la que reclama la soberanía sobre el archipiélago. Ella era una niña cuando les dijeron que había que partir y ante los magistrados contó las difíciles condiciones del éxodo forzado de cientos de personas que sólo pudieron partir con una maleta, la travesía en embarcaciones precarias y, en su caso, la supervivencia miserable en Port Louis, la capital del país insular. Aquella muchacha no sabía leer ni escribir porque la Administración británica cerró la escuela isleña años antes de que partieran.

El tribunal la escuchó y falló a favor de la descolonización, una resolución que también adoptó, un año después, la Asamblea General de Naciones Unidas. El gobierno británico, que ya se había negado en 2016 a permitir el regreso, siguió manteniendo la misma postura. Cuatro años después, creó en la zona un área marina protegida de 640.000 kilómetros cuadrados. La enorme extensión abarcaba todas las islas. Los documentos de Wikileaks desvelaron que la medida había sido tomada para impedir la vuelta de la población, y que, curiosamente, no impedía las actividades contaminantes de las tropas acuarteladas en Diego García.

La sentencia tan sólo fue un eslabón de una larga cadena. La batalla para reclamar sus derechos se intensificó en 1982 con la creación del Grupo de Refugiados de Chagos (CRG) y los procesos iniciados en Estados Unidos o en la Corte Europea de los Derechos del Hombre. Algunas de sus pírricas victorias poseen un contenido emocional como las breves visitas de algunos privilegiados miembros de la comunidad al archipiélago. No hay testimonios de lo que sucede en la base. Chagos permanece como un área de acceso muy restringido, prácticamente impermeable a los medios de comunicación. También se ha asegurado que Diego García acogió a prisioneros procedentes de los vuelos secretos de la CIA.

Pero el cambio de soberanía no ha provocado el entusiasmo entre los chagosianos. Sus representantes fueron excluidos de las once rondas de consultas entre la autoridad colonial y Mauricio, un Estado que también consideran ajeno. Ellos siempre han aspirado a decidir sobre su futuro y creen que el acuerdo, pendiente de firma y ratificación, no ofrece garantías para el retorno. El hipotético reasentamiento mantiene el status de la base de Diego García durante los próximos 99 años y el pago de un alquiler a las nuevas autoridades. Además, Gran Bretaña ha expresado su disposición a proporcionar infraestructura y apoyar económicamente una vuelta colectiva que se prevé compleja.

La pérdida de Chagos ha generado cierta polémica en la escena política londinense. La oposición conservadora ha protestado por esta concesión que considera perjudicial para los intereses nacionales y una oportunidad para extender la influencia china en una región tan importante. A ese respecto, el 'premier' Keir Starmer ha defendido la cesión como la mejor manera de preservar los intereses militares y estratégicos en una atmósfera de creciente crítica a su presencia en el archipiélago, sobre todo entre los Estados africanos, que consideran este caso como el último ejemplo de colonización del continente. También ha asegurado que no sienta un precedente para discutir el status de Malvinas y Gibraltar.

La otra cuestión importante es cómo se producirá el retorno. No existen estudios sobre el número de chagosianos que desea volver a su pequeño territorio, hoy carente de mínimas condiciones de habitabilidad. Cuando lo abandonó, la mayoría era campesina y analfabeta y de lengua criolla francesa, y ahora se trata de un colectivo muy heterogéneo y multicultural debido a su emigración a varios países de Europa y África.

La esperanza de quienes aspiran a regresar radica en recuperar los cultivos comerciales, desarrollar la pesca y, sobre todo, fomentar el turismo, con una oferta similar en sus características a la que ofrece Maldivas, a unos 500 kilómetros al norte. Human Rights Watch exige reparaciones por lo que define como un crimen contra la humanidad a las víctimas y descendientes del desplazamiento forzado. Asimismo, la ONG afirma que el desprecio a la población nativa demuestra la existencia de un racismo subyacente ya que, en otros casos, como en la creación de bases inglesas en Chipre, no se produjo la expulsión de los vecinos, de origen europeo, y se respetaron sus derechos.