Irán apuesta por ejecuciones públicas para silenciar las protestas

Majid tenía 23 años y practicaba lucha libre, como se puede ver en los perfiles difundidos en redes sociales. Las fuerzas de seguridad le detuvieron el 17 de noviembre en Mashad y el juez le declaró culpable de haber matado a dos agentes de seguridad a cuchilladas. Pasaron apenas 23 días entre su captura y la aplicación de la pena capital, un proceso exprés por parte de la Justicia que las organizaciones de derechos humanos consideran carente de garantías. El canal opositor 1500tasvi fue uno de los primeros en informar del ahorcamiento y aseguró que este se llevó a cabo sin aviso previo a la familia, a la que solo se comunicó el lugar donde habían enterrado el cuerpo.

Las protestas tras la muerte de Amini a manos de la Policía de la Moral cumplen trece semanas y la organización de derechos humanos HRANA eleva a 485 manifestantes muertos, de ellos 68 menores, y más de 18.000 los detenidos por las fuerzas de seguridad. Por parte del régimen, la cifra oficial de fallecidos es de 200, incluidos agentes de seguridad, y no hay datos sobre detenciones.

Majid sigue el mismo camino que Mohsen Shekari, de 23 años, a quien ahorcaron el jueves y se convirtió en el primer detenido a quien aplicaron la pena capital. A Mohsen le acusaron de ser un «alborotador» que bloqueó una carretera principal en Teherán el 25 de septiembre y herir a un miembro de una fuerza paramilitar con un machete.

Desde la Unión Europea (UE) respondieron a esta segunda pena capital para un detenido en las protestas con el endurecimiento de sanciones contra el régimen. «Con este paquete de sanciones apuntamos a los responsables de las ejecuciones y la violencia contra personas inocentes», adelantó la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, a su llegada a una reunión con sus homólogos de la UE en Bruselas. El objetivo son ahora los miembros de la Guardia Revolucionaria, el todopoderoso cuerpo paramilitar que se encarga de velar por la seguridad del régimen.

Desde Irán respondieron aplicando la reciprocidad y el ministerio de Exteriores anunció castigos contra diez personas y cinco entidades europeas, además de contra individuos y compañías del Reino Unido. Los sancionados «han apoyado de manera deliberada al terrorismo y grupos terroristas, promovido e incitado a la violencia, fomentar el odio para provocar disturbios, la violencia y actos terroristas» y por «violaciones de los derechos humanos del pueblo iraní», reza el comunicado de Exteriores.

La cúpula del régimen culpa a enemigos en el exterior, principalmente a Estados Unidos e Israel, de alentar los disturbios para desestabilizar al sistema.