La quiebra de la ley del 'brexit' escandaliza a la Unión Europea

Publicado este miércoles, su aprobación daría a Londres el derecho a «alterar o a dejar de aplicar» disposiciones del protocolo pactado sobre el régimen aduanero entre Irlanda, Irlanda del Norte y Gran Bretaña y a subvencionar a empresas que comercien en Irlanda del Norte sin referencias a la ley comunitaria, a pesar de que la región permanecería en el mercado común europeo.

El proyecto de ley expande su desafío afirmando que el Gobierno podrá tomar decisiones sobre subvenciones estatales a empresas «aunque sean incompatibles o inconsistentes con cualquier ley doméstica o internacional relevante». Pretendería así blindar la ley de la revisión judicial por un tribunal británico, o del escrutinio del Tribunal de Justicia de la UE y de otras cortes internacionales.

El negociador de la Comisión, Michel Barnier, había pedido insistentemente a sus interlocutores británicos su plan sobre ayudas del Estado a empresas, para avanzar en la negociación del nuevo tratado comercial. Londres ha publicado un plan sumario. Se compromete, contradiciendo al proyecto de ley, a seguir exclusivamente las reglas de la Organización Mundial de Comercio y las leyes internacionales.

El portavoz del primer ministro explicó que la negociación del Acuerdo de Retirada «no fue como las de otros tratados, porque se acordó muy rápidamente en circunstancias políticas muy difíciles». Pero el Gobierno fue advertido de que crearía controles fronterizos entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, y lo negó. Forzó en tres días su aprobación, alegando que la población estaba harta de debates parlamentarios.

El ministro de Industria, Alok Sharma, afirmó en la presentación del proyecto de ley que es necesario «para reconstruir y recuperarnos tras Covid». «Debemos mantener la flexibilidad de apoyar y respaldar los intereses estratégicos de Reino Unido, y de ser capaces de intervenir con más rapidez y sencillez cuando sea necesario», añadió. Londres rompería las reglas para obtener ventajas competitivas frente a otras economías afectadas por la covid.

El Gobierno quizás ha descubierto tardíamente que la limitación de ayudas del Estado en Irlanda del Norte y la competencia del Tribunal de Justicia de la UE para dirimir disputas no quedarían confinadas en la región. Empresas británicas comerciando en Irlanda del Norte serían también afectadas. Su solución es romper el Tratado y forzar la marcha abrupta, o montar este escándalo para lograr cesiones en la negociación con Barnier y su equipo.

El exprimer ministro británico, John Major, acusó al Gobierno de causar la pérdida de algo que «no tiene precio», la reputación de Reino Unido. Un veterano conservador galés ha dimitido como miembro del grupo parlamentario en la Asamblea de Cardiff. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que «la quiebra de la ley internacional es inaceptable» y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se declaró «preocupada».

Tratándose de Johnson, siempre hay farsa. El liberal-demócrata, Alistair Carmichael, que fue ministro de Escocia durante el referéndum de 2014, le advirtió en la sesión de Preguntas al Primer Ministro de que ha debilitado los argumentos contra los independentistas escoceses que, siguiendo, según Carmichael, el ejemplo de Cataluña, quieren convocar un referéndum ilegal si se les niega la transferencia para organizarlo.

Johnson le felicitó por la pregunta, porque el líder laborista, Keir Starmer, habría sido «negligente al no plantear esta importante cuestión» de los cambios legales. Necesarios, según él, «para proteger interpretaciones extremas e irracionales (del Acuerdo), que podrían llevar a la creación de una frontera, perjudicial para el Acuerdo de Viernes Santo y la paz en nuestro país». Starmer sabía que Johnson quería enzarzarlo en una bronca sobre el 'brexit' y le hizo seis preguntas apuntando a su incompetencia en la gestión de la pandemia.