Putin contra Putin

Pero Putin, que tiene 71 años, no hubiera podido lanzarse a la reelección de no ser por las enmiendas constitucionales promovidas en 2020 que le abrieron la puerta a a dos mandatos más de seis años: al que opta ahora hasta 2030, que será el quinto, y, si así lo decidiera, a otro más hasta 2036, cuando cumpliría 84 años. Quizás no apure tanto los plazos, pero a día de hoy muestra un ansia desmedido de poder y no repara en recursos para conservarlo, hasta acabar con sus potenciales adversarios.

La persecución de opositores, disidentes y periodistas críticos ha sido una constante casi desde el momento en que el actual presidente ruso puso el pie en el Kremlin. Pero fue a más desde 2012, cuando Putin estrenó su tercer mandato e irrumpió en escena Alexéi Navalni, muerto el pasado 16 de febrero en una remota colonia penitenciaria mientras cumplía una condena de 19 años de prisión por «extremismo».

La represión se intensificó tras la anexión de Crimea y la guerra en Donbass (2014-2015), hasta el punto de que a Navalni se le impidió ser candidato en las presidenciales de 2018 y, dos años después, sufrió un intento de asesinato con una dosis del agente tóxico para uso militar 'Novichok'. Tras la invasión de Ucrania la persecución se ha reforzado hasta extremos delirantes, con la aparición de toda una colección de delitos nuevos, como desacreditar a las tropas rusas, que conllevan abultadas penas de cárcel. Según reconoce el Rosstat, el Servicio Estadístico ruso, en 2023 se batió el récord de los últimos 13 años en cantidad de causas penales abiertas, con 159.400 imputaciones por espionaje, sabotaje, desprestigiar al Ejército o tomar parte en actos públicos no autorizados.

Navalni no ha sido el único opositor que se dejó la vida por su afán de hacer de Rusia un país más democrático. El exagente de los servicios de inteligencia Alexánder Litvinenko, la periodista Anna Politkóvskaya, el diputado Serguéi Yushenkov, la activista pro derechos humanos Natalia Estemírova, y el exministro y líder opositor Borís Nemtsov son algunos de los nombres que integran la lista de asesinados por contrariar al poder. También son muchos los que permanecen en las cárceles por motivos exclusivamente políticos, como Vladímir Kara-Murzá, sentenciado a 25 años de cárcel por «alta traición», la mayor condena dictada en Rusia contra un detractor de las políticas de Putin. Envenenado en dos ocasiones, este mes ni siquiera se le ha permitido comunicarse con su hija para felicitarla por su cumpleaños.

En diciembre de 2022, otro conocido opositor, Iliá Yashin, fue condenado a ocho años y medio de prisión por «difundir información falsa» sobre el Ejército ruso. Era entonces uno de los pocos dirigentes opositores que aún quedaban en libertad. Por su parte, Andréi Pivovárov, vinculado a la Fundación Rusia Abierta del antiguo patrón de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski, fue condenado a cuatro años de prisión en julio de 2022. Jodorkovski, uno de los muchos opositores rusos en el exilio, pasó 10 años en la cárcel por decirle a Putin a la cara que dirige un sistema «corrupto». En diciembre de 2013, gracias a la mediación de la entonces canciller alemana Angela Merkel, fue indultado.

El número de activistas y críticos con el poder encarcelados en Rusia es cada vez mayor. Son ya cerca de 1.500 presos políticos, según calculan las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. Pero para Putin la mano dura está justificada. «La Federación Rusa está inmersa en un conflicto armado con un país vecino y creo que debemos adoptar una determinada actitud hacia las personas que nos causan daño dentro del país», afirmó recientemente. Tampoco han sido pocos los que han tenido que huir del país para no acabar entre rejas, entre ellos, el exprimer ministro Mijaíl Kasiánov; el antiguo legislador Iliá Ponomariov, único diputado que votó en contra de la anexión de Crimea; el exdiputado Dmitri Gudkov, hijo del también antiguo legislador y carismático luchador contra los abusos de las autoridades, Guennadi Gudkov; el excampeón de ajedrez, Garri Kaspárov, que acaba de ser considerado «terrorista» por la Justicia rusa; el economista Serguéi Guriev...

Así las cosas, impera el miedo, que coarta a la gente a la hora de expresar su opinión e incluso para acudir o no a votar. La abstención está mal vista y puede conllevar represalias. Y aunque hace tiempo que se levantaron las restricciones vinculadas a la pandemia, se prohíben las manifestaciones bajo el pretexto de que pueden provocar un rebrote del covid. Es prácticamente imposible conseguir permiso para celebrar cualquier tipo de concentración, reunión o acto público. Las autoridades intentaron restringir la asistencia al entierro de Navalni, el pasado 1 de marzo, aunque en este caso no tuvieron demasiado éxito.

Esta vez más que nunca, Putin se presenta ante los electores como el salvador de una Rusia asediada por Occidente, amenazada por los «nazis» y «terroristas» ucranianos. Trata al resto de candidatos como meros comparsas con los que ni siquiera se digna a debatir. Esta actitud, que tendría un serio coste en intención de voto en países europeos o en Estados Unidos, en Rusia se ve hasta bien, ya que son muchos los que consideran que un presidente no se puede rebajar a discutir con políticos de medio pelo, que son los únicos que suelen ser admitidos como candidatos. Por eso la campaña no ha podido ser más desigual. A los únicos aspirantes a candidatos contrarios a la guerra, Ekaterina Duntsova y Borís Nadezhdin, no se les ha permitido enfrentarse a Putin en los comicios.

El jefe del Kremlin, por tanto, sólo tiene tres flojos adversarios: el comunista Nikolái Jaritónov, el ultranacionalista Leonid Slutski y el supuestamente liberal Vladislav Davankov. Pero aunque alguno de ellos pudiera acaparar el interés de los electores, la politóloga rusa Ekaterina Shulman no confía en la limpieza del proceso electoral y el escrutinio. «Hay cientos de presos políticos en el país, los opositores a la guerra no pueden ser candidatos, prácticamente no hay libertad de reunión ni garantías de que no va a haber manipulación de los resultados electorales», lamenta.

Salvo Oleg Deripaska, el rey del aluminio, que a veces se permite alguna crítica y llama sin eufemismo «guerra» a lo que sucede en Ucrania, y los que han abandonado el país y renunciado a la nacionalidad rusa para que se les levanten las sanciones negando su proximidad al Kremlin, la mayoría de los grandes empresarios, los oligarcas, callan y evitan entrar en conflicto con Putin. La preocupación de muchos de ellos es descongelar sus activos en los países occidentales, como es el caso el banquero Piotr Aven, que insiste en no tener ninguna relación financiera ni política con el presidente ruso. Oligarcas como el propio Aven, Mijaíl Fridman, Alisher Usmánov, o el famoso Román Abramóvich, han emprendido acciones legales en la Unión Europea y el Reino Unido contra las sanciones que se les impuso. Abramóvich, que se vio obligado a vender el Chelsea, su club de fútbol inglés, trató sin éxito de promover negociaciones de paz entre Moscú y Kiev.

Pese a todo, gran parte de la población ve en Putin al dirigente que levantó el país tras las turbulencias de la época de su predecesor Borís Yeltsin, considerado un alcohólico de rodillas ante Occidente. Y le perdona todo: el error de haber invadido Ucrania, las bajas que sufre el Ejército, la crisis económica debido a las sanciones, el no haber previsto el levantamiento armado del jefe de los mercenarios de Wagner, Evgueni Prigozhin, la muerte de Navalni y hasta estar señalado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que emitió una orden de arresto contra él.

Cuando llegó al Kremlin en 2000, Putin tenía 47 años. En aquel momento dio prioridad a las relaciones con Estados Unidos y Europa y prometió desarrollar la economía conforme a los postulados de la economía de mercado. Recibió los halagos del entonces presidente norteamericano George W. Bush y se hizo amigo del canciller alemán Gerhard Schröder y del primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Fue en 2007, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, cuando el líder ruso anunció e inició su cruzada contra el mundo occidental hasta llegar a la actual situación de enfrentamiento. Acusó a la OTAN de acercarse a las fronteras de Rusia y a Washington de tratar de imponer su dictado a todo el mundo. Ahora los únicos amigos que le quedan están en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y Corea del Norte.