¿Por qué Perú arde en apoyo a un presidente golpista acusado de corrupción?

La violencia se ha exacerbado desde la noche pasada, cuando el juez impuso al expresidente Pedro Castillo un total de dieciocho meses de prisión preventiva mientras se prepara su juicio por rebelión y conspiración. A los seguidores del dirigente de Perú Libre, la resolución les parece «un castigo». Ya consideran que su líder se encuentra «bajo secuestro» desde el 7 de diciembre, el día en que ordenó su absurdo y efímero autogolpe y terminó detenido. La Fiscalía afirma que el dictamen del juez está bien fundamentado. Ha pesado en contra del reo el riesgo de fuga, sobre todo después de que intentara llegar a la Embajada de México minutos después de su frustrada asonada personal. Tampoco ayuda que el embajador de este país recuerde una y otra vez que tiene la vía abierta para pedir asilo.

La tercera pata de este endiablado ajedrez, el Ejecutivo peruano, ofrece mientras tanto una visión diferente sobre la semilla de los disturbios. Los ministerios de Interior y Defensa están convencidos de que detrás de la vertiginosa escalada de algaradas se encuentran grupos antisistema y simpatizantes de Sendero Luminoso que «intentan romper el orden social y democrático». Entre ambos extremos, la Defensoría del Pueblo y varios prefectos condenan la represión como un factor clave de inseguridad, De hecho, el Gobierno regional de Ayacucho ha responsabilizado de las muertes a la presidenta Dina Boluarte y exige un Gobierno de transición.

Lo cierto es que ha habido más fallecidos desde la aplicación este jueves del estado de emergencia que en toda la semana anterior de manifestaciones. A medida que las fuerzas policiales se emplean con mayor contundencia y corren las noticias sobre muertes y heridos por disparos, los incidentes se han ido embarrando. Ahora mismo hay más de un centenar de carreteras cortadas por todo el país, miles de turistas están atrapados en Machu Picchu, Cuzco y otros lugares de interés por la suspensión de los transportes, los supermercados se vacían y 2.000 camioneros bolivianos permanecen atascados en la frontera en espera de poder salir del país. En el centro de Lima ha sido desplegada una ingente fuerza policial ante la creciente llegada de manifestantes de otros departamentos de la nación. Piden la libertad de Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales urgentes.

Castillo contempla la devastación desde la ventana del penal Barbadillo, sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. Hasta ahora ha permanecido en un modulo separado del que aloja a Alberto Fujimori, expresidente condenado por múltiples delitos y, al igual que él, autor de un autogolpe, aunque en su caso con el éxito suficiente como para permitirle instaurar un régimen autocrático durante años. Es muy probable que los dos exmandatarios presos puedan verse a partir de ahora en las salas comunes.

La celda del dirigente de Perú Libre consta de una habitación, un baño privado y otra dependencia anexa equipada con una mesa y sillas. Recibe las tres comidas diarias propias del régimen carcelario, aunque su familia tiene permiso para abastecerle con otros alimentos. Lo más llamativo son las visitas. Allí ha recibido hasta ahora a unas 140 personas y lo más probable es que este intenso ritmo de reuniones, inédito en un preso, se intensifique después de saberse que permanecerá detenido hasta 2024. Necesitará ánimos. Moral. Aparte de sus allegados, le han visitado congresistas, líderes de su partido, representantes sectoriales, embajadores y, al parecer, un buen número de abogados para dejarle su tarjeta de visita. Sin embargo, llama la atención la alta rotación de letrados que ha tenido desde su detención. La mayoría le han abandonado y, según medios locales, el jueves se presentó virtualmente ante el juez representado por un abogado de oficio.

El único que ha dispuesto de auténticas y fundamentadas razones para visitar al expresidente es el jefe del Programa para las Personas Privadas de Libertad, Carlos Fernández. Sin embargo, fue vetado cuando acudió a verificar sus condiciones en prisión. La congresista Betssy Chávez, a su vez acusada por el golpe de Estado sin que eso le prive de visitar a su jefe, le dijo que Castillo no le recibiría. Varias organizaciones sociales han denunciado ya sus privilegios carcelarios.

« Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados». Con estas palabras, el maestro rural de Chota alcanzó la presidencia de Perú el 28 de julio de 2021. Esa identificación con la clase humilde y trabajadora de una nación sometida a graves penurias, donde las diferencias sociales y económicas crecen sin cesar, es una de las razones que explican el poderoso apoyo popular a un político que, al fin y al cabo, se encuentra preso por golpismo y que esta misma semana ha recibido su octava imputación por corrupción.

Esas masas de agricultores, mineros, trabajadores primarios, docentes y vecinos de la franja pobre andina, llamada despectivamente el «Perú profundo», componen la columna vertebral de las manifestaciones. Autobuses llenos de oriundos de Cajamarca y otras regiones que vieron crecer al expresidente llegan estos días a Lima con el fin de movilizarse ante el Congreso o reemplazar a quienes llevan ya varios días en la acampada popular frente a su cárcel. Para ellos, Castillo sigue siendo un personaje fuerte que tomó la directa para evitar ser arrollado por la derecha. Es el maestro rural. El agricultor. El sindicalista. El rondero, como se denomina a los campesinos de las rondas nacidas en los años 70 para proteger de los robos a los municipios agrícolas. Es el presidente que ha sido sustraído al pueblo por las élites. Del nepotismo, el reparto de contratos públicos y otras corruptelas no se habla.

A las protestas llegan muchos vecinos de Andahuaylas, una comunidad rural y olvidada en los Andes que sirve de ejemplo de la perenne ausencia de reformas en Perú para combatir la miseria. Si la región es pobre, la sequía está terminando ahora con sus últimos recursos agrícolas y con miles de pequeñas granjas de aves que sustentan las economías domésticas. El coronavirus también está castigando atrozmente al Perú modesto. La crisis ahoga.

Aparte de la mayor federación de sindicatos de Perú, existen otras organizaciones básicas en las movilizaciones. No solo se ocupan de articular las marchas, sino de intentar controlar a los alborotadores y de repartir comida entre los manifestantes, muchos de ellos procedentes de municipios distantes cientos de kilómetros. Entre ellas figuran Vraem, que agrupa a los numerosos trabajadores de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro; la Red Muqui –un entramado de colectivos ecologistas y de derechos humanos asentados en las áreas rurales–, las asociaciones indigenistas de la Amazonía y la Cunarc, la poderosa central que reúne a las rondas campesinas y se arroga la «autoridad jurisdiccional» en diecisiete departamentos del país. La Cunarc se han encargado, por ejemplo, de hacer cumplir las medidas 'anticovid' en los peores momentos de la emergencia sanitaria. Como muestra de su poder, recientemente pidió al Gobierno que deje sin efecto el Código Penal en las comunidades indígenas, nativas y campesinas de su ámbito ya que en ellas se aplica su «propio sistema de justicia».

«El conflicto actual va más allá de Castillo. Es la revuelta de la gente y de multitud de pequeños colectivos de agricultores, mineros o ganaderos pobres contra años y años de olvido, injusticia y desigualdades», afirman los expertos en los medios peruanos. Entre esa «gente» los analistas incluyen a miles de antifujimoristas, temerosos de que el caos político actual se traduzca en un próximo regreso de Keiko Fujimori a un Gobierno que perdió ante Castillo en las pasadas elecciones presidenciales, y la renovación de las políticas centralistas que han arruinado al resto de la nación.

No obstante, el propio Ejecutivo de Dina Boluarte realiza una distinción entre la mayoría de movilizados afines a «sectores descontentos» con la situación socioeconómica de Perú y los «elementos de desestabilización», como denomina el Ministerio de Interior a los grupos antisistema. La Policía ha identificado a varios antiguos miembros de Sendero Luminoso y del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) en las protestas de Lima y en decenas de bloqueos de carreteras. Les considera promotores de las movilizaciones más duras y las ocupaciones de aeropuertos, que se han convertido en un nuevo símbolo de rebelión.