El terremoto destapa la corrupción inmobiliaria en Turquía

En realidad, se trata de un problema que todo el mundo sabía y ante el que las autoridades hacían la vista gorda. Pero que se ha revelado letal y provocado una oleada de indignación que puede propiciar el primero de muchos cambios. Aunque Turquía cuenta con normas de construcción antisísmicas desde 1999, cuando dos terremotos se cobraron 18.000 vidas en la región del Mármara y Estambul, en muchas ocasiones no se cumplen ni se lleva a cabo la renovación urbanística prometida entonces por el Gobierno para reforzar la seguridad de los edificios.

Con consecuencias fatales, lo peor de todo es la corrupción que hay detrás. Para ahorrarse gastos, los promotores usan materiales poco resistentes o de mala calidad. Y, a cambio de sobornos, es frecuente que los inspectores del Gobierno den el visto bueno a sus construcciones aunque no cumplan las normas de seguridad.

Por ese motivo, la Policía ha emitido órdenes de arresto para más de un centenar de constructores, sobre todo en Adana (62) y Diyarbakir (34), y una docena han sido ya detenidos. El viernes, cuando se disponía a volar a Montenegro, fue apresado en el aeropuerto de Estambul un promotor inmobiliario que levantó hace una década un edificio de lujo de doce plantas y 250 apartamentos en la histórica ciudad de Antioquía, una de las más devastadas por el temblor.

El domingo, otros dos constructores de Adiyaman también cayeron en el mismo aeródromo cuando intentaban huir a Georgia. En la provincia de Gaziantep, donde tuvo lugar el primer seísmo, dos personas más han sido detenidas por acortar las columnas para que cupieran más plantas en un inmueble que también se acabó desplomando, según informa la agencia Anadolu. Por esos mismos fallos en la construcción, otras ocho personas han sido imputadas en Sanliurfa y cuatro en Osmaniye.

«Aquellos que han sido negligentes, culpables o responsables de la destrucción que ha seguido al terremoto responderán ante los tribunales», prometió la semana pasada el ministro de Justicia, Bekir Bozdag. A pesar de esta declaración de intenciones, son muchas las críticas que apuntan directamente al Gobierno de Erdogan, quien llegó al poder en 2004 con la promesa de cambiar las cosas tras el terremoto de 1999, pero que ha acabado cayendo en el autoritarismo más personalista.

Si bien es cierto que, durante estas casi dos décadas, Erdogan ha transformado el país renovando las infraestructuras, como carreteras y aeropuertos, ha dejado la mayoría de esos proyectos y su supervisión en manos de amigos y aliados políticos. Con pocos controles y construyendo en zonas proclives a terremotos por hallarse sobre las placas tectónicas que chocan en Turquía, este sector ha sido uno de los motores del crecimiento económico que esgrime el presidente ante el electorado. Para que este progreso no se detuviera, incluso concedió en 2018, poco antes de los últimos comicios, una amnistía a empresas y promotores que habían violado las normas de construcción, quienes pudieron regularizar sus obras pagando una multa.

Esta medida de gracia no era nueva y ya la habían empleado otros gobiernos, pero demuestra que Erdogan ha acabado repitiendo lo mismo que quería erradicar para seguir fomentando el desarrollo y evitarse problemas con el poderoso sector inmobiliario. Entre las infracciones que se perdonaron con una sanción destacaban haber construido sin licencia y ampliado las plantas, los balcones y las terrazas sin autorización. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo no detalló cuántas de esas obras incumplían las normas contra terremotos o de seguridad integral, sí reconoció que trece millones de apartamentos, más de la mitad de todas las viviendas de Turquía, violaban alguna regulación.