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Johana Gil
Jueves, 11 de mayo 2023, 18:31
En medio de las violentas protestas en Pakistán tras el arresto del ex primer ministro, Imran Khan, que tuvo lugar el martes, el Tribunal Supremo ha ordenado su liberación inmediata. Tras declarar que la detención fue «ilegal», el antiguo funcionario deberá permanecer en una casa ... de huéspedes de la Policía, aunque no será considerado como preso. El presidente del Supremo, Umar Ata Bandial, ha explicado que la operación «es inválida y el proceso entero debe ser revisado«.
El político, de 70 años, está involucrado en una decena de investigaciones en su contra. Por ello, deberá presentarse el viernes en la sede del poder judicial por un caso por corrupción. Hace tres días, cuando fue llevado a prisión provisional, denunció que fue «torturado» y «secuestrado». Estas declaraciones provocaron que cientos de simpatizantes salieran a las calles a protestar.
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Las masivas manifestaciones obligaron el miércoles el despliegue del ejército para recuperar el orden. Los seguidores de Khan bloquearon calles e incendiaron edificios públicos, lo que desató que la Policía recurriera a gases lacrimógenos y cañones de agua. Al menos nueve personas han muerto en los enfrentamientos, según las autoridades. Cientos de agentes de policía han resultado heridos, y más de 2.000 personas han sido detenidas, la mayoría en las provincias de Punyab y Jiber Pajtunjua.
Tras el anuncio de la liberación de Khan, el partido Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), formación liderada por el ex primer ministro, ha hecho un llamamiento a sus militantes para que se alejen de las inmediaciones de la sede del Supremo.
Bandial ha instado al político a «condenar» las protestas, Khan ha defendido que «sólo queremos elecciones en el país». El ex jefe de Gobierno asegura que los numerosos casos judiciales montados en su contra son una maniobra del Ejecutivo actual y de las Fuerzas Armadas para impedirle que regrese al poder en unas elecciones previstas para octubre.
Khan fue cesado en octubre de 2022 a través de una moción de censura en el Parlamento, aprobada después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del entonces primer ministro de disolver el Parlamento y anunciar los comicios anticipados.
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