Riad exculpa al príncipe heredero y rechaza la politización del 'caso Khashoggi'

Menos de un mes y medio después de que Khashoggi, un periodista crítico moderado con el reino saudí y columnista del Washington Post, muriera en el consulado saudí de Estambul, la Fiscalía ha formulado cargos y ha pedido la pena de muerte contra cinco individuos que - aseguró - confesaron la autoría del homicidio.

El fiscal general saudí, Saud al Moyeb, ha indicado en una rueda de prensa en Riad que Khashoggi murió el pasado 2 de octubre por una sobredosis de un somnífero y su cuerpo fue troceado y entregado a un «colaborador turco». Al Moyeb no ha detallado la identidad de los acusados ni qué cargos se imputan a cada uno de ellos, pero ha asegurado que otros diez sospechosos están arrestados y a disposición de los investigadores hasta que se cierre el caso, que causó conmoción en la opinión pública mundial y ha hecho que la imagen de Arabia Saudí se desmorone en semanas.

El fiscal ha indicado que el príncipe Mohamed, hombre fuerte del reino, desconocía la operación y sólo se enteró del asesinato de Khashoggi después de la comisión del crimen, por medio de «informes falsos» que le presentaron los agentes implicados y a través de las informaciones publicadas por la prensa.

El fiscal ha hecho un nuevo relato de la secuencia del crimen en el que aunó y matizó las versiones que había presentado en las últimas semanas, que levantaron suspicacias en la comunidad internacional por su inverosimilitud y las aparentes contradicciones entre ellas.

Según ha explicado, todo comenzó con una información que presentó un «exconsejero» del reino, en alusión al miembro del Consejo Real Saud al Qahtany, destituido de sus funciones dos semanas después de que se desencadenara el escándalo. Al Qahtany acusó a Khashoggi de mantener supuestas «relaciones con organizaciones extranjeras enemigas del reino». Entonces, el subdirector de los servicios secretos del reino, Ahmad Asiry - que fue destituido el día 19 - ordenó ir a buscar a Khashoggi a Estambul «por la fuerza si es necesario», aunque su intención no era que se le matara.

La orden del asesinato, según el fiscal, partió del jefe de la delegación de agentes que viajó a Estambul, cuyo nombre no citó, una versión que contradice las alegaciones de Turquía. El presidente turco, Recep Tayip Erdogan, aseguró hace dos semanas que su Gobierno tiene la certeza de que la orden de matar al periodista «vino de los más altos niveles» del Ejecutivo saudí.

Este jueves, tras el informe del fiscal saudí, el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, ha rechazado la investigación calificando las explicaciones de «insatisfactorias».

Por su parte, en Riad, el ministro de Exteriores saudí, Adel al Yubeir, ha rechazado cualquier intento de politizar el caso Khashoggi para «interferir» en los asuntos del reino. En una rueda de prensa, Al Yubeir ha rechazado la «internacionalización» del asesinato de Khashoggi, que calificó de «crimen» y «gran error», y también ha rechazado que se use el término «sanciones» contra su país porque Arabia Saudí, ha dicho, ha hecho una investigación «como cualquier país normal».

«El reino saudí ha dado pasos para afrontar este asunto como hace cualquier país normal. Hemos hecho una investigación, hemos encarcelado a los responsables y están rindiendo cuentas, y hemos revisado las medidas para que esto no se vuelva a producir y esto es lo que hacen los países, sean Estados Unidos, el Reino Unido y Arabia Saudí», ha manifestado el ministro. También ha considerado equivocado responsabilizar a Arabia Saudí por la actuación de unos «individuos».

«Arabia Saudí es responsable de la forma en que maneja las cosas y cualquier persona prudente y sensata sabe que los errores ocurren y a veces la gente abusa de su autoridad, lo más importante es hacer que rindan cuentas y asegurarse de que el asunto no se vuelva a repetir y esto es lo que hacemos», ha apuntado.

Durante su intervención, Al Yubeir ha ligado las acusaciones contra Riad por el crimen de Khashoggi con la supuesta intención de entorpecer su lucha «antiterrorista», en alusión a Irán, y parar su programa de reformas.