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Benjamin Netanyahu ha resistido a las largas semanas de protestas multitudinarias y el Parlamento israelí aprobó este lunes el punto clave del paquete de reformas del sistema judicial. La presencia de miles de manifestantes a las puertas de la Knéset y un debate de más ... de treinta horas no lograron su objetivo y la conocida como 'prueba de razonabilidad', por la que el Tribunal Supremo podía cuestionar leyes y nombramientos de la cámara en base a su sensatez, quedó anulada por 64 votos a cero tras el boicot de una oposición, que abandonó en bloque el hemiciclo.
La decepción de los contrarios a la medida fue la cruz de la jornada. La cara la formaron los políticos del actual Gobierno, como el ministro de Justicia, Yariv Levin, quien se mostró exultante tras este «primer paso en un proceso histórico para corregir la Justicia». El responsable de Economía, Bezalel Smotrich, dijo que no habían dejado «piedra sin remover hasta el último minuto, pero la oposición lamentablemente se opuso» a cualquier tipo de compromiso.
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El ex primer ministro, Yair Lapid, señaló exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. Lamentó que «en las pasadas semanas, y especialmente en las últimas 48 horas», se hizo «todo lo posible para llegar a un acuerdo tal y como prometimos», pero no se consiguió», recogió el diario 'Times of Israel'. Para Lapid se trató de «un día triste» y denunció que el Ejecutivo «rompe las reglas del juego» porque «puede elegir la dirección del Estado, pero no puede decidir el carácter del Estado». Para Lapid, Netanyahu se ha convertido en «una marioneta a manos de los extremistas».
Eliminar la prueba de razonabilidad era prioritario para el actual Gobierno, ya que afecta directamente a la formación del gabinete tras las últimas elecciones. El Supremo rechazó el nombramiento de Aryeh Deri como ministro de Interior y Salud debido a sus condenas penales por fraude y sobornos, la más reciente de enero de 2022. Netanyahu acató la decisión, Deri perdió la cartera y denunció ser víctima de una «sentencia política». Esto no volverá a suceder.
El diálogo entre partidos, liderado por el presidente, Isaac Herzog, no ha logrado su objetivo e Israel es un país cada vez más dividido. La supresión de 'prueba de razonabilidad' es el primer paso de una serie de medidas que buscan someter el Tribunal Supremo al control del Gobierno. Los siguientes objetivos en la hoja de ruta establecida por Netanyahu, que deben superar siempre tres votaciones en el Parlamento para salir adelante, serán la 'cláusula de anulación', que permite al Supremo echar atrás leyes que considera inconstitucionales (aunque Israel no tiene Constitución) y la manera de elegir a los jueces que forman el alto tribunal.
La felicidad en el seno del Gobierno se tradujo en preocupación en boca de un presidente cuya posición es puramente simbólica en el sistema del Estado judío. La mayoría sólida de Netanyahu en la cámara, con el apoyo de ultraortodoxos y ultranacionalistas sionistas, le permite avanzar con paso firme hacia las reformas. El número y volumen de las protestas es histórico, pero insuficiente para frenar los planes del considerado por los medios locales como «el Gobierno más radical» de la historia de Israel. En palabras de Herzog, «éste es un momento de emergencia y se debe llegar a un acuerdo», pero sus palabras no afectaron a la votación final en el Parlamento.
Las calles recibieron la aprobación de la ley con un llamamiento para endurecer las movilizaciones. El Movimiento para la Calidad del Gobierno, motor de las acampadas, el cierre de carreteras o la marcha masiva a Jerusalén de los últimos días, anunció nuevas protestas y lamentó que «nadie puede predecir el daño que hará la nueva normativa».
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