El Parlamento israelí blinda a Netanyahu ante los casos de corrupción

La nueva norma se impulsó en respuesta a la petición de una ONG que solicitaba al Tribunal Supremo de Israel que declarase a Netanyahu no apto para el cargo por «conflicto de intereses» al promover reformas del sistema judicial mientras está involucrado en investigaciones penales. De hecho, poco después del anuncio de la ley, la fiscal general Gali Baharav-Miara pidió al primer ministro una contestación al escrito remitido por la organización. En caso de que el Supremo no emita una orden provisional para paralizar esta legislación, su entrada en vigor será inmediata.

La fiscal general forma parte de quienes han pedido que se prohíba cualquier participación del mandatario en los cambios legales, ya que se cree que podría eludir sus juicios al contar con un sistema mayoritariamente oficialista. Sin embargo, Netanyahu ha negado este tipo de intenciones y sigue adelante con su propuesta. Los procesos que arrastra serían, precisamente, el trasfondo de la reforma que impulsa desde enero de este año, según denuncian sus detractores. El Gobierno israelí busca con este plan el control total a la hora de asignar jueces y que cualquier ley invalidada por el Supremo pueda retomarse por mayoría en el Parlamento. La oposición lo considera un ataque a la democracia al entender que colocaría al Ejecutivo por encima del poder judicial.

Netanyahu está triplemente encausado. En 2019 fue acusado de soborno, fraude y abuso de confianza en tres casos separados. Según la Justicia del país, habría aceptado regalos de amigos millonarios y beneficiado a dos medios de comunicación a cambio de un tratamiento informativo favorable hacia su Gobierno. En 2020, se convirtió en el primer mandatario israelí activo en enfrentarse a un proceso penal. Sin embargo, él ha negado todos los cargos y denuncia una 'caza de brujas' por parte de la oposición.

La medida aprobada este jueves se suma a una ley ya existente en el país que establece que Netanyahu no tiene la obligación legal de dimitir hasta no haber una condena firme. Por ello, pese a las investigaciones abiertas hace cuatro años, el primer ministro ha podido continuar al frente de Israel.

El visto bueno a este blindaje legal de Netanyahu se produjo en medio de una nueva jornada de masivas y violentas protestas. De hecho, la Policía israelí tuvo que emplear cañones de agua para intentar dispersar a grupos de manifestantes en Tel Aviv y Haifa. Decenas de miles de personas salieron a las calles en varias ciudades y bloquearon las principales carreteras. Incluso cientos se concentraron fuera de las casas de miembros del Ejecutivo y también de la del primer ministro en Jerusalén, según informaron las autoridades.

Las protestas comenzaron hace once semanas y cada vez son más multitudinarias. Los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía se han hecho habituales. La jornada de este jueves se saldó con sesenta personas detenidas por desorden público, entre ellos dos reconocidos activistas que más tarde fueron liberados.