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Mikel Ayestaran
Estambul
Jueves, 5 de enero 2023, 18:38
Mientras la atención mundial se fija en las posibles consecuencias de la visita del ministro ultranacionalista Itamar Ben Gvir a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, Benyamin Netanyahu apunta a la reforma de sistema judicial de Israel para poder someterlo al control de ... su Gobierno. Esta es una prioridad para el líder del Likud desde que comenzó el juicio al que está sometido por corrupción y su ministro de Justicia, Yariv Levin, presentó sus primeras propuestas de cambio.
El punto principal que propone Levin es la llamada «cláusula de derogación», un sistema que permitirá a los miembros de la Knesset votar para anular las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Israel. En caso de aprobarse los cambios, una opción más que posible gracias a la mayoría con la que cuenta Netanyahu en la Cámara, estos darían además al Gobierno control sobre el comité de selección judicial y limitarían la autoridad de los asesores legales. En palabras del responsable de Justicia, el objetivo es «fortalecer la democracia, rehabilitar la gobernabilidad, restaurar la fe en el sistema judicial y reequilibrar las tres ramas del gobierno». Se trata de un viejo anhelo de los sectores más conservadores y religiosos del país, quienes ahora ostentan el poder.
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A la espera de conocer la marcha de este proceso, el Supremo debe decidir en breve si el presidente del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, puede servir como ministro de Salud en el Gobierno de Netanyahu. El dirigente de origen marroquí fue condenado por delitos fiscales en febrero de 2022 y el Ejecutivo entrante ha tenido que enmendar una ley para nombrarle ministro, una decisión que ahora está en manos del Supremo. Este tipo de revisiones serán imposibles cuando salga adelante la reforma propuesta por Levin.
Netanyahu adelantó que su Ejecutivo «promulgará reformas que asegurarán el equilibrio adecuado entre los tres poderes del Estado», pero sus palabras no tranquilizan a sus detractores, todo lo contrario. La oposición califica este plan de «golpe político», en palabras del ex primer ministro Yair Lapid.
El exministro de Defensa, Benny Gantz, alertó de que el país vive un «estado de emergencia ya que Netanyahu debe optar entre preservar el Estado de Israel o romper las reglas». En caso de que esta reforma salga adelante, Gantz considera que «se supera una línea roja y el país tendrá una democracia hueca».
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