Israel acusa de antisemitismo al Tribunal Penal Internacional

Si cumple con lo que anunció en 2019, Bensouda pondrá en marcha una triple investigación dirigida a aclarar si Israel y Hamás cometieron crímenes de guerra en la 'Operación Margen Protector' de 2014 contra Gaza, la política de expansión de asentamientos y la respuesta del Ejército israelí a las protestas de la denominada Marcha del retorno, organizadas en Gaza desde marzo de 2018 a diciembre de 2019. En 'Margen Protector', el Ejército del Estado judío mató a 2.251 personas en los 40 días de ofensiva, la mayoría civiles, según la ONU, y Hamás segó la vida de 66 soldados y siete civiles. En las protestas semanales que arrancaron en 2018 para reivindicar el derecho al retorno de los refugiados palestinos, los francotiradores mataron a 183 manifestantes e hirieron de gravedad a 6.106, la mayoría con disparos en las rodillas.

«A corto plazo no pasará nada, pero la decisión tiene sobre todo carácter disuasorio y supone un cambio de paradigma de cara al futuro», opina el abogado Gonzalo Boye, que formó parte del equipo que asesoró a los palestinos en La Haya. Boye recuerda a Saeb Erekat, el jefe negociador palestino fallecido por coronavirus en noviembre, quien lideró los esfuerzos para llevar ante el CPI documentos sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por funcionarios israelíes.

Pese a que sus dirigentes pueden ser investigados por supuestos crímenes de guerra, Hamás aseguró que «cualquier decisión internacional que apoye los derechos de los palestinos y defienda sus derechos y libertades es una decisión a favor de los derechos humanos». El movimiento islamista apuntó que «esperamos el día en el que los líderes de la ocupación comparezcan ante la Justicia para pagar por sus crímenes». Un tono similar al empleado por el primer ministro palestino, Mohamed Shtayeeh, para quien «es una victoria para la justicia y la humanidad, para los valores de la verdad y para la sangre de las víctimas».

La decisión del CPI se difundió el viernes a última hora y Netanyahu acusó de forma inmediata al tribunal de «violar el derecho de las democracias a defenderse del terrorismo». Ayer volvió a acusar a los jueces de antisemitas ante la posibilidad de abrir una investigación sobre «falsos crímenes de guerra». El primer ministro, que en las próximas horas volverá a ser juzgado en su país por tres delitos de corrupción, recordó que el CPI se estableció «para prevenir atrocidades como las cometidas por los nazis en el Holocausto sufrido por los judíos y ahora tiene como objetivo a los judíos».

El documento de 60 páginas redactado en La Haya recoge que Palestina es un Estado parte del tribunal desde 2015 y dictamina que abarca los territorios de Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental, ocupados militarmente por Israel desde 1967. Ni Israel, ni Estados Unidos forman parte de este tribuna. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró tener «serias preocupaciones sobre los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre el personal israelí».