Infancias palestinas víctimas de la ocupación

Un año después de la publicación de este informe sobre el «trato inhumano» que sufre la infancia palestina en las cárceles israelíes «la cosa sigue igual porque no hay voluntad política por parte de la comunidad internacional para obligar a Israel a cumplir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la que es firmante. En cuanto la comunidad internacional quiera de verdad que se aplique el derecho internacional el problema se acabará en un día, pero la falta de voluntad hace sentir a los israelíes que tienen impunidad y que nadie les pedirá cuentas por sus crímenes», lamenta Khaled Quzmar, abogado que trabaja con menores desde 1995 y que es el actual director de DCI.

Una de las funciones de esta organización es enviar a diario a sus abogados a las prisiones de Israel. En una de estas visitas se encontraron con Mohamed Maswade, de 14 años, a quien los soldados detuvieron en Ramala junto a su primo. Les metieron en un blindado y les encerraron en la prisión de Ofer, próxima a Beituniya. Les acusaron de lanzar piedras, la acusación más repetida entre los menores palestinos.

Mohamed es el menor de cinco hermanos y desde su detención apenas sale de casa. «Nos encerraron en una celda durante una semana. Estábamos cinco menores. Los soldados nos gritaban y empujaban, estábamos muy asustados. Por las noches encendían todas las luces a las 2 de la mañana y a las 4 nos levantaban de la cama para hacer un recuento. La comida era incomible y muy escasa», recuerda este joven en compañía de su madre, que busca y rebusca en el móvil el vídeo que grabaron la noche en la que le liberaron. «Poco antes me obligaron a firmar un papel que decía que si me vuelven a detener por cualquier motivo pasaré dos años en la cárcel y tendré que pagar una multa de 2.500 shekels (700 euros al cambio)», recuerda Mohamed.

Cada año DCI atiende entre 500 y 700 casos de menores detenidos. Desde 1967, Israel aplica dos sistemas jurídicos distintos en el mismo territorio. En la Cisjordania ocupada, los colonos israelíes están sujetos al sistema jurídico civil, mientras que los palestinos viven bajo la ley militar y los niños pueden ser encerrados a partir de los 12 años de edad, aunque hay casos documentados de detenciones de niños de hasta 5 años a quienes retienen unas horas y luego sueltan.

«Israel es un caso único ya que solo este país procesa automática y sistemáticamente a menores en tribunales militares y hay que recordar además que la tasa de condena en estos tribunales es del 99%», apunta Quzmar, cuyo trabajo pasa por «intentar la liberación lo más temprano posible para que se puedan reintegrar en la escuela y en su vida».

El sistema militar permite a los soldados «arrestar a menores en plena noche, derribar la puerta de casa, interrogarles allí mismo sin presencia de abogados o padres, vendarles los ojos, atarles y tirarles en la parte trasera de un vehículo, golpearles, amenazarles, gritarles. no les tratan como niños, no tienen derechos especiales para ellos», denuncia el director de DCI.

Israel decidió recientemente incluir a DCI en su lista de «organizaciones terroristas» y le acusó de desviar fondos hacia el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Las fuerzas israelíes allanaron las oficinas de la organización en julio y confiscaron numeroso material, pero las pruebas en su contra son «material clasificado». Quzmar piensa que «el único terrorista aquí es Benny Gantz, ministro de Defensa israelí que era jefe del Ejército en 2014, cuando sus hombres mataron a 533 niños y adolescentes en la ofensiva contra Gaza. Es un criminal de guerra y le vamos a llevar ante la justicia internacional. Israel sabe que trabajamos codo con codo con el Tribunal Penal Internacional y por eso nos quiere silenciar, pero no lo conseguirá».