El fiscal saudí pide la pena de muerte para cinco de los acusados del asesinato de Khashoggi

El periodista Jamal Khashoggi, que colaboraba con el diario 'The Washington Post', fue asesinado el pasado 2 de octubre por agentes saudíes en el consulado de Estambul. Los abogados de los sospechosos solicitaron conocer los cargos exactos de los que se acusa a sus clientes y pidieron un plazo para estudiarlos. El tribunal accedió a las demandas y no ha fijado una fecha para la próxima vista judicial, según el comunicado. El fiscal saudí dijo haber pedido en vano elementos sobre el caso a las autoridades turcas.

Este homicidio, que tuvo un gran impacto mediático a nivel mundial, salpicó la imagen de Arabia Saudí, y algunos dirigentes turcos y estadounidenses implicaron en este caso al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. «Este proceso genera un gran interés a nivel internacional, pero también numerosas sospechas sobre si rendirán cuentas todos los responsables reales del crimen», aseguró a la AFP Ha Hellyer, miembro asociado del Royal United Services Institue.

Tras haber negado el asesinato del periodista y dado versiones contradictorias de los hechos, Riad reconoció finalmente que lo habían asesinado en el marco de «una operación fuera del control» del Estado, en la que estuvieron implicados dos altos responsables saudíes. Sin embargo, Ankara acusó a las «altas instancias» del Estado saudí. Medios turcos y estadounidenses, citando a fuentes de la CIA, aseguraron que fue el príncipe heredero Mohamed bin Salmán quien encargó el asesinato del periodista.

Turquía pidió la extradición de 18 saudíes detenidos en su país y sospechosos de estar implicados en este caso. No obstante, Riad respondió que no contemplaba la extradición de ciudadanos saudíes a Turquía y aseguró que los sospechosos serían juzgados en su país.

La justicia saudí no tardó en señalar el 15 de noviembre a 21 sospechosos e inculpó a once personas. La imparcialidad de la justicia saudí en este caso es puesta en duda por defensores de los derechos humanos, por ejemplo, la directora de las campañas de Amnistía Internacional (AI) en Oriente Medio, Samah Hadid. «Dada la falta de independencia del sistema judicial en Arabia Saudita, la imparcialidad de la investigación y de todo el proceso es cuestionada», afirmó Hadid en declaraciones a AFP.

Las autoridades saudíes anunciaron el 20 de octubre la destitución de cinco dirigentes, acusados de ser los responsables indirectos del asesinato. Uno de ellos fue el general Ahmed al Asiri, jefe adjunto de los servicios de inteligencia, que, según el fiscal, ordenó a un equipo de 15 agentes llevar «por su propia voluntad o por la fuerza» a Khashoggi a Arabia Saudí.

Saud al Qahtani, consejero de la Corte real, fue otro de los destituidos, tras haber tenido supuestamente un rol clave en la expedición saudita en Estambul. Al Qahtani forma parte de una lista de 17 dirigentes saudíes, hecha por Estados Unidos y otros países occidentales, acusados de ser «responsables o cómplices» del asesinato.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prefirió obviar las informaciones de los servicios de inteligencia y defendió la inocencia de Mohamed bin Salmán. No obstante, influyentes diputados estadounidenses no renunciaron a emprender represalias contra Riad y podrían aumentar la presión sobre Trump durante las próximas semanas.