En el corredor de la muerte de Hamás

En el corredor de la muerte en Gaza hay 34 reos, según los datos del Palestinian Center for Human Rights (PCHR) y del ministerio del Interior. Dieciocho de los condenados a la pena capital por la justicia militar están acusados de colaborar con el enemigo y esperan a que llegue su día en Katiba, los demás están acusados de asesinato o narcotráfico. Tan solo en el último mes, Hamás ha condenado a la pena capital a diez personas, ocho de ellas acusadas de colaboración con el Estado judío, una por tráfico de droga y otra por violación de una menor. Son 23 los nuevos presos condenados a muerte en 2021, pero hay que esperar a la evolución de los recursos para saber cuántos de ellos acabarán en el corredor de la muerte.

Mientras, las penas no se ejecutan o se retrasan porque la ley palestina exige para ello la firma del presidente Mahmoud Abbas. Este problema de forma, imposible de resolver debido a la fractura entre Gaza y Cisjordania y el enfrentamiento entre Hamás y Fatah, deja en manos de los islamistas la decisión final.

Desde 2007, año en el que Gaza pasó a estar bajo control de Hamás, se han emitido 136 penas capitales y se han realizado 28 ejecuciones, todas ellas sin la firma de Abbas, según los datos recogidos por el Palestinian Center for Human Rights. Los últimos ajusticiamientos fueron en 2017, pero en Gaza también se han realizado ejecuciones fuera de los cauces regulares y nadie olvida imágenes como las de 2012, cuando milicianos de Hamás arrastraron por las calles los cuerpos de varios palestinos acusados de colaborar con el enemigo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y el canal Al Aqsa, vinculado al grupo islamista, explicó que se trataba «de personas que estaban en la cárcel, habían sido juzgadas y condenadas a muerte. En condiciones normales no se les mata así, pero estamos en guerra y Hamás ha querido enviar un mensaje a la población».

La visita a la prisión arranca en el aula biblioteca en la que los presos comunes estudian y leen. En una de las esquinas hay un colorido Corán de grandes dimensiones que «han escrito a mano los propios prisioneros». Imposible pasar sus páginas porque «solo los musulmanes podemos tocar el Corán, solo las manos puras», informa el inseparable funcionario de Interior. Desde la biblioteca asciende la escalera que lleva al módulo de los colaboradores, entre los que se encuentran la mayoría de condenados a muerte. Están repartidos en cuatro celdas diferentes, en una de ellas hay 26 hombres. Duermen en literas, tienen su propia cocina, dos televisiones y dos grandes congeladores donde guardan la comida que les traen las familias.

El silencio es sepulcral ante la llegada del periodista y los funcionarios que le escoltan. Solo se escucha a uno de los presos recitando el Corán de memoria. Es un hombre mayor y ciego. Está tumbado en la cama y sus dedos repasan las cuentas de un rosario de madera. Dos de los más jóvenes se encargan de que a nadie le falte el café y el aroma a cardamomo impregna una estancia ordenada, limpia y tranquila. La luz es artificial, por las ventanas enrejadas apenas entran unos hilos del sol que suele reinar en la Franja.

La división entre palestinos es física y política. En Gaza manda Hamás, no la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que encabeza el presidente Mahmoud Abbás y tiene el control de Cisjordania. «Esta duplicidad se ha trasladado al sistema judicial y eso explica que sigan condenando a muerte a presos en Gaza. Desde la llegada de Abbas al poder en 2005 no se ha ejecutado a nadie en Cisjordania y en 2019 Palestina ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte», recuerda Samir Zaqout, director del centro Al Mezan. Esta es una de las organizaciones más críticas con el uso de la pena capital y tras conocer las siete últimas sentencias emitieron un comunicado de condena ya que «se ha demostrado con el paso de los años que son ineficaces para prevenir delitos graves».

En el otro extremo de Al Mezan se encuentra el ministerio de Interior cuyo portavoz, Iyad Al Bozm, considera que «estos castigos son importantes como medida de protección a la población». La mitad del edificio de este ministerio, situado junto a un edificio de la ONU, quedó destruido en un bombardeo de Israel, la otra mitad sigue en pie y allí están las oficinas. Al Bozm hace mención especial a los delitos de «seguridad interna», asegura que a todos los acusados se les da el mismo trato y tienen iguales derechos y que la pena capital «es el último recurso, solo se aplica a aquellos que con su información al enemigo provocaron muertes o ataques directos a lanzaderas de cohetes o almacenes de armas de la resistencia». El portavoz de Hamás denuncia que Israel «aprovecha las necesidades económicas en la Franja para reclutar colaboradores y no duda en recurrir al chantaje, pero después de tantos años de experiencia hemos evolucionado mucho y cada vez les resulta más difícil conseguir informadores».

A pocos minutos en coche del ministerio de Interior se encuentra la sede del tribunal militar, donde la máxima autoridad es el general Naser Suleimán. «Hay pocas sentencias de muerte a colaboradores porque en el fondo todos sabemos que ellos también son víctimas de la ocupación, por lo que cada caso se investiga muy de cerca. Lo normal es que un informante pase entre 7 y 15 años en prisión, pero cada caso es diferente y hay algunos que han sido manipulados y ni se han dado cuenta de que les estaban utilizando», apunta el general.

La última sentencia a muerte dictada por el general Suleimán se produjo el 1 de diciembre y el condenado es un policía de 43 años de Rafah que violó a una menor. En lugar de la horca, será fusilado cuando llegue el momento.

Los colaboradores que cumplen su pena y son liberados se enfrentan a «un auténtico infierno, mi verdadera condena empezó el día que salí de Katiba», confiesa Mahmoud, nombre ficticio de un ex miliciano de una de las principales facciones armadas de la Franja condenado a diez años por «mantener contacto con el enemigo». El veredicto se produjo en 2008 y Mohamed recurrió la decisión. Obtuvo una reducción de condena que, sumada al buen comportamiento, hicieron que en el Ramadán de 2012 quedara en libertad. Nueve años después «mi padre me insulta cada vez que me ve, no tengo relaciones sociales con nadie, rezo en mezquitas alejadas de mi barrio para que nadie me conozca… voy de casa al trabajo y del trabajo a casa», relata con los ojos llorosos y prácticamente susurrando. Está casado y es padre de cuatro hijos y toda la familia padece las consecuencias. «Estamos señalados, nos miran con desprecio… me gustaría salir de aquí y no regresar nunca más», asegura en el transcurso de una entrevista complicada, ya que en mitad de la misma su hermano le obliga a callarse.

Mohamed recibió una mañana de 2007 una llamada del Shabak, servicio de inteligencia de Israel, en la que le decían que sabían que atravesaba por un momento económico complicado y que le querían ayudar. Como miliciano de una facción armada, informó a su jefe directo, quien le ordenó seguir con el contacto. Las llamadas sucedieron durante una semana y los israelíes le enviaron incluso 1.000 shekels (285 euros al cambio) que recogió de la cisterna de un servicio en una mezquita. Mohamed insiste en que informó en todo momento a sus jefes de la situación y denuncia que éstos le traicionaron. Desde entonces vive con el estigma de ser un colaborador y no tiene dudas al afirmar que «el trato de mis carceleros era mucho mejor que el trato que ahora me da la sociedad en Gaza».

A las puertas de Katiba no se respira gran tensión. Los miembros del equipo de seguridad se turnan para rezar cuando llega la hora de oración y el tránsito de familiares es constante. Una cárcel dentro de una Franja encerrada a su vez por una nueva barrera de última generación levantada por Israel y terminada la pasada semana después de tres años y medio de trabajo.

La espera es incierta en el corredor de la muerte gazatí, el presidente Abbas no firmará las sentencias, pero Hamás ya ha demostrado que no le tiembla el pulso para ordenar ejecuciones. Para los acusados de colaborar con Israel el encierro supone también la tortura de saber que sus familias están condenadas para siempre. No hay perdón para ellos.