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Miguel Pérez
Miércoles, 11 de diciembre 2024
El nuevo Gobierno interino perseguirá a altos cargos del régimen de Al Assad que estuvieron «involucrados en torturar al pueblo sirio», según desveló ayer el jefe de la revuelta, Abu Mohammed al-Golani, «No dudaremos en responsabilizar a los criminales, asesinos y oficiales de seguridad ... y del ejército», añadió el antiguo líder salafista y ahora hombre fuerte en Siria. La insurgencia ha decidido señalar a decenas de represores en una lista pública. Se cree que algunos escaparon del país antes de este fin de semana mientras aún funcionaba el aeropuerto de Damasco.
La iniciativa surge en medio de la ira, la frustración y el dolor de la población después de la liberación masiva de presos que han acompañado el levantamiento. Las excarcelaciones y el registro de las prisiones, hasta ahora impenetrables, está arrojando luz sobre la auténtica y delirante dimensión de las torturas y asesinatos realizados intramuros por el régimen desde la llegada de Bashar al poder en el año 2000.
El penal que siembra especial indignación se llama Sednaya, al norte de la capital, donde se han llevado a cabo 13.000 ejecuciones confirmadas, de las 60.000 que habrían sucedido en todo el sistema penitenciario sirio. El registro ha permitido encontrar un crematorio, sillas eléctricas y una prensa humana, la llamada «machacadora de huesos», cuya atroz función no necesita detalles.
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Pero lo que mayor sufrimiento ha trasladado a las familias sirias es la comprobación de que los parientes a quienes creían detenidos en celdas secretas –y por lo que carecían de noticias sobre ellos– no están. No existen. Lo probable es que fueron asesinados y enterrados en fosas comunes. Hay 113.000 desaparecidos. Miles de sus allegados se echaron a buscar en Sednaya con un hilo de esperanza que ha quedado roto.
Los 'cascos blancos' anunciaron que no habían encontrado tales cámaras secretas donde se rumoreaba que había miles de reos anónimos, pero sí hallaron otros rastros del lado salvaje del ser humano. Por ejemplo, las sogas con las que hasta la semana pasada el régimen siguió ahorcando a opositores, periodistas, activistas sociales, militares disidentes y políticos críticos con el Gobierno. Unos cincuenta cadáveres han sido localizados. Algunos sin dientes o con las cuencas oculares vacías.
La prisión no tiene ventanas. Así se impedía a los reclusos saber si era de día o de noche. Consta de un laberinto de pasillos y niveles. Así se desconcertaba espacialmente a los internos. La cuestión consistía en instalar la locura. Algunos de los liberados ni siquiera recuerdan sus nombres. Pero sí conservan fresco el calendario de la muerte. Los lunes y miércoles eran días de ahorcamiento. Hasta cien ejecuciones diarias podían ordenarse. Había un pequeño cuartito al lado donde un «tribunal militar» juzgaba a los presos y los enviaba al cadalso en juicios de tres minutos de duración.
El Gobierno interino busca a quienes mantuvieron engrasado este sistema de eliminación sádico y metódico. Al Golani está dispuesto a ofrecer recompensas a cambio del paradero de mandos y policías militares, colaboradores civiles y agentes del aparato de seguridad «involucrados en crímenes de guerra». Pedirá la extradición de los torturadores que estén en el extranjero.
Sobre algunos de ellos pesan ya órdenes de búsqueda. Alemania cursó en 2018 una petición internacional de arresto contra el general Jamil Hassan, responsable de la siniestra Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea siria entre 2009 y 2019. Se trata de un departamento con una especial significación para el régimen. El padre de Bashar Al Assar fue comandante de esta rama militar en los años 60, antes de ponerse él mismo al frente del país. Su importancia ha sido tan capital como brutal en la represión de la disidencia. Las redadas y acciones armadas arbitrarias se hicieron habituales. Los agentes eran destinados a embajadas y a todas las oficinas de la aerolínea nacional para perseguir a opositores que buscaban refugio en otros países.
Un total de 24 supervivientes le acusaron hace seis años ante un tribunal germano por asesinato, violación y malos tratos continuados. Las víctimas recibieron torturas durante tres años, de 2011 a 2014, en los sótanos de la Inteligencia en Damasco, Alepo y Hama. Un demandante describió las descargas eléctricas y cómo le ataban a postes sembrados de clavos durante diez horas seguidas. Le rompieron los huesos. Sobrevivió porque sus compañeros de celda masticaban la comida por él antes de dársela. Otro detenido presenció cómo un reo fue obligado a introducirse una botella rota por el ano y escuchó los gritos de dos prisioneros colgados desnudos durante días de un techo en lo que los torturadores denominaban «almacenamiento en frío».
EE UU formalizó ayer una nueva imputación contra Hassan. Lo considera uno de los trece comandantes y funcionarios de prisiones investigados en 2016 por actos de sadismo y ataques a barrios residenciales. El Departamento de Justicia ha presentado cargos además contra Abdul Salam Mahmoud, un asesor próximo al expresidente sirio, por participar con Hassan en «una conspiración para cometer un trato cruel e inhumano a detenidos civiles, incluidos ciudadanos estadounidenses», durante la guerra civil que se libró en la década pasada.
El derrocamiento del régimen de Al Assad ha supuesto el desmoronamiento de la cobertura de cientos de altos funcionarios de la represión. Washington confía en que los dos comandantes contra los que ha formalizado la acusación, así como otros implicados, puedan ahora caer en manos de la Justicia internacional. Si no lo hacen antes en las de Al Golani.
Durante los últimos días de alzamiento, los militares han huido. Los alrededores de Damasco están sembrados de uniformes y botas del ejército que arrojaron en su huida para hacerse pasar por civiles. No todos lo consiguieron: en el centro del país, 54 soldados sirios en plena fuga de los rebeldes fueron ejecutados por comandos de Estado Islámico.
Una vez confirmada la inexistencia de cámaras subterráneas en la prisión de Sednaya, los Cascos Blancos, la organización de rescatistas sirios que busca a los desaparecidos del régimen, ha pedido ayuda a la ONU para averiguar si existen «cárceles secretas» en el país donde permanezcan recluidos miles de detenidos cuyo paradero se desconoce. La asociación solicita a Naciones Unidas que medie para que el Kremlin «presione» a Bashar Al Assad, acogido en Rusia, y desvele sí existen estas prisiones y su localización.
Por su parte, el enviado de la ONU a Siria, Geir Pedersen, dijo ayer que los insurgentes están enviando «señales positivas» a la población siria y se mostró a favor de abrir el debate sobre la posibilidad de sacar de la lista internacional de organizaciones terroristas a Hayat Tahrir al Sham, a cuyo frente se encuentra Muhmmad Al Golani. Este grupo estuvo vinvulado en el pasado a Al Qaeda.
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