El sistema de renta mínima en España es de los menos eficaces de Europa

En realidad, se trata de poner en marcha lo que Bruselas aprobó hace ya algo más de dos años y que tiene como objetivo garantizar un nivel de vida digno a toda persona que carezca de recursos suficientes. No se trata de un tema baladí, ya que cerca de 113 millones de personas en la UE están en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que equivale al 22,4% de toda la población, según datos de 2017 extraídos de Eurostat. El porcentaje en España -es el segundo país con mayor tasa de paro- es incluso mayor y asciende hasta el 26,6%, lo que significa que uno de cada cuatro españoles corre el riesgo de acabar excluido socialmente.

La mayoría de los países europeos ya tiene sistemas de ingresos mínimos, pero las diferencias entre ellos son abismales y no siempre brindan el apoyo adecuado a los necesitados, tal y como advirtieron desde la Comisión Europea cuando aprobaron esta resolución, por lo que instaron a actualizar los modelos existentes. ¿Cómo son los sistemas de renta mínima en Europa? Puede decirse que el aspecto que más sobresale es la heterogeneidad, aunque comparten también un rasgo común: un proceso permanente de reforma o incluso de casi continua experimentación.

Los países con más tradición son los nórdicos, centroeuropeos y el Reino Unido, mientras que los del Este -algunos de los cuales están todavía en proceso de implantación-, Grecia e Italia -que lo ha hecho recientemente- son los más novatos. No es de extrañar, por ello, que los sistemas de Bulgaria, Rumanía, Letonia e incluso Italia solo cubran un tercio del umbral de pobreza, mientras que en Dinamarca se cubre prácticamente al 100%, incluso más si es uno solo.

En España existe un sistema de ingresos mínimos fraccionado y, de hecho, es el único socio comunitario que no cuenta con una renta mínima nacional, debido al problema de competencias: cada comunidad autónoma tiene el suyo propio. Las diferencias entre regiones son tan amplias, que hay algunas autonomías que se sitúan a la cabeza en esta prestación mínima, como País Vasco, Cataluña y Navarra, mientras que otras, como Valencia o Extremadura, están a la cola. El resultado global, sin embargo, es demoledor: España es, junto a los países del Este, el socio comunitario en donde las cuantías para reducir el riesgo de pobreza son más insuficientes, según concluye un estudio publicado recientemente por la Autoridad Fiscal (AIReF), que advierte que «se observan unos niveles reducidos de eficacia en términos de redistribución, lo que también implica poca efectividad a la hora de reducir las tasas de pobreza».

Para Luis Ayala, catedrático de Economía y experto de la Fundación Alternativas, el debate en Europa debe girar no tanto en torno a la cuantía, sino principalmente en cómo organizar un sistema que responda bien a las crisis, por lo se ha de centrar más en las condiciones que se les impone a las personas para poder cobrar estas prestaciones. A este respecto, pese a que en su práctica totalidad los sistemas son relativamente universales (la nacionalidad no suele ser excluyente), todos los países europeos exigen la búsqueda activa de empleo con algunas excepciones y estar inscritos en las oficinas públicas de empleo.