Millones de Qatar para mitigar las denuncias europeas

El escándalo en Bruselas se salda hasta el momento con la detención de la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, y la imputación de otras tres personas bajo la acusación de haber aceptado sobornos en forma de dinero y regalos a cambio de influenciar en decisiones políticas y económicas en el Parlamento Europeo. Desde Doha quieren dar una imagen idílica al mundo, sobre todo durante los 29 días de Mundial, y en ese escaparate no hay espacio, por ejemplo, para las acusaciones sobre las condiciones laborales de los migrantes que trabajaron día noche para que la cita mundialista se pudiera celebrar a tiempo. En los últimos años, Qatar ha ido adoptando reformas conforme crecían las críticas, como la denuncia de trabajo forzoso ante la Organización Internacional del Trabajo, y ahora se analizan las intervenciones de eurodiputados y otros funcionarios que elogiaron estas reformas laborales en lugar de condenar la situación de los trabajadores.

Desde Qatar defienden que son víctimas de «una campaña mediática», en palabras del emir, que busca dar una imagen negativa del país. Una campaña basada en manipulaciones o 'fake news' de la que culpan a vecinos como Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí, que desde 2017 a 2021 impusieron además un férreo bloqueo a unos cataríes que, según lo destapado en Bruselas, recurrirían a su músculo financiero para mitigar las críticas.

Los países del Golfo son jaulas de oro dirigidas por clanes que, gracias al gas y al petróleo, extienden su red de intereses por todo el mundo. Desde Occidente se censura la violación de derechos humanos, la situación de la mujer y del colectivo LGTBI, el régimen de semi esclavitud de los migrantes llegados de Asia… Pero cuando el dinero entra en juego se mira hacia otro lado, sobre todo si se trata de gobiernos aliados como EAU o Arabia Saudí.

En el seno de las petromonarquías «la mayoría de los casos de corrupción o malversación oficial de alto nivel se manejan en silencio y sin ceremonias. Los funcionarios involucrados normalmente renuncian o dejan sus puestos repentinamente, con una cobertura mediática limitada. Los rumores circulan, pero rara vez se confirman, y las investigaciones casi nunca resultan en enjuiciamiento, multas o encarcelamiento», explican los expertos Tarik Yousef y Robert Beschel, en un reciente artículo del centro de estudios estratégicos Brookings Doha.

En este marco general de opacidad supuso toda una sorpresa la decisión de Qatar de detener hace unos meses a su ministro de Economía, Ali Sharif al-Emadi, para interrogarle por presuntos delitos, incluido el mal uso de fondos públicos y el abuso de poder. Al-Emadi perdió el cargo y fue también apartado de la directiva del Barco Nacional de Qatar.

En la reciente entrega del premio internacional de anticorrupción en Doha, el emir estuvo acompañado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, otro de los órganos internacionales bajo la sospecha de ceder ante los millones del Golfo durante el proceso de designación de Qatar como sede del Mundial. Tras una década de investigaciones, en 2020 por primera vez el departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que representantes de Rusia y Qatar sobornaron a funcionarios de la FIFA para asegurarse la concesión de las competiciones de 2018 y 2022. Los fiscales estadounidenses concluyeron que hubo «compra de votos» y en el caso de Qatar señalaron a tres responsables suramericanos de recibir pagos del emirato, como recogió 'The New York Times'. Se trata del argentino Julio Grondona, fallecido en 2014, el paraguayo Nicolás Leoz, que murió en 2019 cuando se encontraba bajo arresto domiciliario, y el brasileño Ricardo Teixeira, que sigue en su país donde no hay acuerdo de extradición con Estados Unidos.

El escándalo sacude ahora la UE, uno de los puntos neurálgicos donde operan los distintos lobbies que buscan influir en la toma de decisiones. «Este tipo de prácticas son habituales por parte de diferentes grupos de presión nacionales y creo que la diferencia entre lo que ha hecho Qatar y lo que hacen otros países es mínima o no existe», opinan fuentes próximas al Parlamento consultadas, que no ocultan su sorpresa por la operación policial.