Londres señala a un exagente del CNI como delator del exespía ruso envenenado

El nombre del asturiano Roberto Flórez, mencionado por el periódico 'The Times', no es nuevo. Fue el primer condenado en España en febrero de 2010 por un delito de traición por hacerse con información secreta supuestamente para vendérsela a Rusia. La Audiencia Provincial de Madrid consideró que, pese a no quedar probada la entrega de estos documentos sensibles, la sola intención de ofrecérsela a una potencia extranjera bastaba para ser condenado a 12 años de cárcel por traidor, la máxima pena.

Sin embargo, diez meses después el Tribunal Supremo consideró «desproporcionado» el castigo y estimó de forma parcial el recurso de la defensa y rebajó a nueve años de cárcel. Tras computarse los dos años y medio que Flórez estuvo en prisión preventiva tras ser detenido en verano de 2007, el condenado liquidó su pena en julio de 2016 y desde entonces es un hombre libre que ha cumplido con la Justicia, según han confirmado fuentes judiciales a COLPISA. Las mismas fuentes han señalado que desde hace tres años se le ha perdido la pista y desconocen su paradero actual.

Pese a que 'The Times' asegura que la delación de Flórez a los rusos sobre Sergei Skripal parte de los documentos extraídos del CNI, la sentencia del Supremo lo desmiente. El argumento de Alto Tribunal para rebajar su pena es que la conducta que le imputó la Audiencia de Madrid, «procurarse» información, no era tan grave como la de «revelar» esos datos. Es decir, la Sala admitió que la condición de agente secreto del acusado «justifica por sí sola una mayor penalidad», ya que traicionó la confianza de los servicios de inteligencia, pero rechazó que se le deba culpar también por la reestructuración que éstos tuvieron que llevar a cabo tras descubrirle, sobre todo porque no quedó acreditado que llegara a vender los secretos que robó.

La sentencia de instancia declaró probado, eso sí, que Flórez accedió «a numerosa documentación e información perteneciente al Centro» clasificada como secreta, «pese a que no contaba con autorización para ello», y que lo hizo «con la intención de ofrecérsela a los servicios secretos de Rusia».

La documentación contenía datos relativos, entre otros, a la denominación y claves internas de los diferentes organismos del CNI, a las autoridades con las que éste mantenía relación y a las que remite informes de inteligencia, a las delegaciones del CNI en el exterior, a su estructura e, incluso, un listado de su personal por orden alfabético.

Los documentos fueron encontrados en 2007 en el domicilio de Flórez en Tenerife junto a dos cartas dirigidas al 'señor Melnikov', al que el tribunal identificó con Petr Yakovlevich Melnikov, consejero de la Embajada de Rusia en España entre 2000 y 2003 y que ahora 'The Times' señala también como el mediador del agente español con los servicios secretos rusos.

En la primera carta, Flórez se mostraba dispuesto a «colaborar» con Rusia a cambio de 200.000 dólares y avanzaba algunos de los posibles «contenidos» de su colaboración, entre ellos, el de «identificarles y mantener actualizado 'quién es quién' en el Centro». En una segunda carta, decía que se habían producido «diversos acontecimientos relevantes» que aconsejaban «actualizar» la información remitida anteriormente. Sin embargo, y a pesar de que las acusaciones sostenían que Flórez «llegó a revelar la información» a Rusia y que ello obligó a «neutralizar" dos operaciones del Centro, el tribunal no consideró acreditado ese extremo, ya que los miembros del CNI que declararon en el juicio tampoco facilitaron los datos que lo demostrarían «por ser secretos».

El Supremo criticó en su resolución las múltiples «trabas» sufridas por la defensa de Flórez para acceder al sumario una vez levantado el secreto. «Las trabas puestas a la defensa -todas ellas inadmisibles por su significado marcadamente burocrático- no pueden ser justificadas por esta sala. Incluso algunas de las objeciones podrían haber sido objeto de denuncia en el marco disciplinario», dijo la sentencia firme.

En el juicio celebrado a puerta cerrada, el acusado alegó que la documentación intervenida era un «monográfico» que pidió el secretario general del entonces CESID (después CNI) en 2001, el general Aurelio Madrigal, sobre los fallos de seguridad en el centro. Un informe que al final no vio la luz. Lejos de desmentirlo, un agente que testificó en la vista oral (número 6720) dio por buena la existencia del trabajo y evitó señalar entonces si éste vendió documentos a los servicios secretos rusos. Sin embargo, ahora Londres considera que sí según la información de ‘The Times’.

Reino Unido ya estudia las medidas a tomar contra Rusia por el ataque a la familia Skripal, mientras que la UE y la OTAN mostraron su apoyo a Londres frente a Moscú. En el ataque se empleó un agente nervioso del tipo ‘Novichok’.