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Salvador Arroyo
Bruselas
Viernes, 19 de octubre 2018, 22:13
La polémica ley que regula la jubilación de los jueces de la Corte Suprema de Polonia, denunciada por la Comisión Europea a finales de septiembre por «socavar el principio de independencia judicial», recibe el primer varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): ... se debe «suspender inmediatamente» y han de restablecerse los derechos de los magistrados afectados. Así lo exige este requerimiento cautelar que, a la espera de la sentencia, da pistas de que el asunto no pinta bien para el Gobierno de Varsovia.
Porque el alto tribunal comunitario activa en menos de un mes la medida de urgencia requerida por la Comisión. De hecho, no ha esperado si quiera a los escritos de descargo del Ejecutivo de Mateusz Morawiecki. Bloquea la controvertida ley polaca, que lleva activa apenas seis meses -se aprobó el pasado 3 de abril- y que otorga al presidente de la República, Andrzej Duda (vinculado al partido en el poder, Ley y Justicia), la potestad de decidir si un magistrado puede continuar en el cargo al rebasar la edad de los 65 años. Antes, el límite estaba fijado en los 70 años.
Lo más cuestionado es que, pese a contemplar la posibilidad de una prórroga, la norma otorga la prerrogativa de concederla al presidente polaco. «Pero ni existen criterios claros» que determinen el sentido de su decisión ni se establece «la posibilidad de revisión judicial si este rechaza la solicitud», denuncia Bruselas.
Con esta herramienta, el jefe del Estado podría renovar el 40% del total de jueces del Supremo polaco (27 de los 72) y obligaría a retirarse antes de tiempo a su presidente pese a que la Constitución le otorga un mandato de seis años. La Comisión llevó el caso al Tribunal de Justicia de la UE de Luxemburgo el pasado 24 de septiembre, cuestionando claramente su compatibilidad con la Carta Europea de Derechos Humanos. «Estamos en la UE y Polonia cumplirá con la legislación de la Unión Europea, pero todavía no hemos recibido ningún documento formal donde se nos comunique esta decisión», aseguraba ayer el ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ziobro.
El auto dictado por la vicepresidenta del TJUE, Rosario Silva de Lapuerta, activa este requerimiento de medidas provisionales antes incluso de que Polonia haya presentado sus observaciones contra la petición de las propias medidas cautelares. El Ejecutivo comunitario dio el paso de llevar a Polonia a los tribunales mediante un «procedimiento expedito» con el objetivo de conseguir una sentencia definitiva lo antes posible.
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