Johnson reta a Irlanda del Norte a afrontar su pasado con una polémica ley de amnistía

Se han promovido diversas iniciativas de justicia transicional, proponiendo que la documentación histórica y el intercambio de información entre perpetradores y víctimas paliase el dolor de estas, mediante el acceso a un relato veraz sobre las circunstancias en las que murió su ser querido. Al mismo tiempo, la policía regional creó equipos de investigación histórica, para aclarar el gran número de crímenes no cerrados. Mientras los casos estudiados por esos equipos eran en su aplastante mayoría achacables a los grupos terroristas, asociaciones de víctimas piden también la investigación de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad.

El Acuerdo del Viernes Santo puso en libertad 'bajo licencia' a todos los presos dos años después de su firma, en abril de 1998. Condenados en circunstancias más complejas, como agentes infiltrados, recibieron un Perdón Real. Los negociaciones del Sinn Féin, asociados al IRA, lograron que el Gobierno de Tony Blair enviase una «carta de confort» a huidos, prometiéndoles que no serían procesados.

El otro elemento asociable a una amnistía en el proceso de paz fue la inmunidad legal que Londres y Dublín reflejaron en un tratado internacional para los ejecutores, mediadores y testigos en las operaciones de desarme de los grupos terroristas. Esa cadena de decisiones benefició a los autores del 90% de los crímenes cometidos durante «los disturbios».

Pero en los últimos años hay una creciente queja de parlamentarios con pasado en el Ejército, de mandos jubilados de las fuerzas armadas o la Policía y de periódicos conservadores, para que Therea May o Boris Johnson pusiesen fin a las citaciones de veteranos por los tribunales de Belfast, para responder a demandas civiles sobre las circunstancias en que murieron sus familiares.

Dos ejemplos. Un juez declaró inocentes en marzo a diez civiles acribillados en agosto de 1971 por soldados del Ejército británico, en lo que se conoce como la masacre de Ballymurphy, un barrio alto en la zona católica de Belfast Oeste. Y un policía inglés jubilado, Jon Boutcher, investiga con tenacidad las decenas de muertes asociadas a infiltrados de las fuerzas de seguridad en la dirección del IRA.

El ministro Brandon Lewis filtró en marzo, en plena campaña de elecciones municipales, que su Ministerio iba a proponer en el Parlamento una prescripción de los delitos cometidos por fuerzas de seguridad. En julio publicó un documento que contempla la prescripción de todos los crímenes cometidos por unos u otros antes de 1998. Las Policía no podría ya investigarlos.

La iniciativa ha sido condenada por asociaciones de víctimas, por todos los partidos políticos de Irlanda del Norte, por el Gobierno irlandés, por un comité de la ONU, por otro del Consejo de Europa, por un grupo de Demócratas en Washington, por Hillary Clinton,... Acusan a Lewis de cometer «un enorme error» o de defraudar gravemente a las víctimas para evitar la condena de soldados.

El Equipo de Investigaciones Históricas formado por policías analizó durante 10 años más de 1.600 casos no resueltos y se lograron tres condenas. Cada año que pasa hace más difícil encontrar pruebas que permitan una condena. El proyecto de ley describirá los mecanismos de «excavación de la verdad», que serán facilitados por el hecho de que los voluntarios para testificar no correrán peligro de ser procesados. ¿Será suficientes para resolver el legado?

Jonathan Caine, que trabajó como consejero sobre Irlanda del Norte de seis ministros conservadores en la provincia, advertía recientemente de las limitaciones de los proyectos sobre el legado. «Nunca vamos a estar de acuerdo unionistas y republicanos sobre lo que ocurrió durante esos 30 años. La gente habla sobre mecanismos para resolver el pasado. No vamos a resolver el pasado. No va a ocurrir».